El informe constata que las empresas del Ibex 35 tienen un amplio margen de mejora de la información que ofrecen sobre la gestión del riesgo en el ámbito de derechos humanos, tanto en lo relativo a su calidad y profundidad como en su cantidad. Pese a que la puntuación obtenida por las empresas analizadas en materia de derechos humanos en el ejercicio 2019 ha mejorado ligeramente respecto al ejercicio anterior –pasando de 21,03 a 22,78 puntos sobre 100– aun así, sigue manteniendo el peor promedio de todas las áreas analizadas.
En cuanto a las dimensiones analizadas, el informe precisa que las empresas facilitan más información y de mayor calidad sobre política de derechos humanos mientras que permanece prácticamente invariable la información sobre gestión de la debida diligencia (17,13 puntos), gestión de la cadena de suministro (26,52 puntos) y mecanismos de acceso a remedio (12,75 puntos).
El Observatorio recuerda que se espera que en junio de 2021 la Comisión Europea publique una propuesta legislativa en forma de directiva que responsabilice a las empresas por sus impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente de sus actividades a lo largo de sus cadenas de suministro por lo que consideran que el avance legislativo en Europa para regular la responsabilidad de las empresas sobre los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente «es una realidad».
Sin embargo, en su análisis constata que, pese a que cada vez son más las empresas del Ibex 35 que cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos, aún son pocas (un total de 13) las que llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos ligados a su actividad, siendo este el primer paso de un proceso de debida diligencia y que será exigido por la nueva legislación.
Por otro lado, pese a que la entrada en vigor de La Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad ha tenido un efecto positivo en la calidad de la información de Responsabilidad Social Corporativa que aportan las empresas del Ibex 35, según el Observatorio, los indicadores de derechos humanos siguen recibiendo un cumplimiento menor.
El análisis, de acuerdo con la metodología del Observatorio de RSC, revela que ninguna empresa reporta de manera completa en el estado de información no financiera lo requerido por la ley 11/2018 en relación con la gestión de riesgos e impactos en los derechos humanos. Ninguna empresa informa del desglose de riesgos a corto, medio y largo plazo, o medidas para mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos, añade.
A pesar de las carencias de información detectadas, no se ha encontrado ninguna salvedad en los informes de verificación del estado de información no financiera relacionada con la información sobre derechos humanos del ejercicio 2019, al igual que ocurriera con el de 2018, concluye el informe.
