La revisión de las normas tendrá en cuenta los avances tecnológicos y los desafíos futuros, cubrirá todo el ciclo de vida de las baterías, desde el diseño hasta el final de su vida útil y se aplicará a todos los tipos de baterías vendidas en la UE.
«Al final de su vida útil, las baterías contienen muchos recursos valiosos y debemos poder reutilizar esas materias primas críticas en lugar de depender de terceros países para los suministros», ha señalado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que preside la reunión informal de ministros de Medio Ambiente en Valladolid, en el marco de la presidencia española del Consejo.
El reglamento establece objetivos para que los productores recojan los residuos de pilas portátiles -el 63% a finales de 2027 y el 73% a finales de 2030–, e introduce un objetivo de recogida específico para pilas usadas para medios de transporte ligeros –51% a finales de 2028 y 61% a finales de 2031–.
Asimismo, establece un objetivo para la recuperación de litio a partir de pilas usadas del 50% para finales de 2027 y del 80% para finales de 2031, que puede modificarse mediante actos delegados en función del mercado y los avances tecnológicos y la disponibilidad de litio.
También se exigirán niveles mínimos obligatorios de contenido reciclado para baterías industriales y que están inicialmente fijados en 16% para cobalto, 85% para plomo, 6% para litio y 6% para níquel. Mientras, el objetivo de eficiencia de reciclaje para las baterías de níquel-cadmio se establece en un 80% para final de 2025 y en un 50% para 2025.
Tres años y medio después de la entrada en vigor de la legislación, las baterías portátiles de los electrodomésticos deben estar diseñadas para que los consumidores puedan quitarlas y reemplazarlas fácilmente.
Para informar mejor a los consumidores, las baterías llevarán etiquetas y códigos QR con información relacionada con su capacidad, rendimiento, durabilidad, composición química así como el símbolo de ‘recogida selectiva’.
Las baterías LMT, las baterías industriales con una capacidad superior a 2 kWh y las baterías EV también deberán tener un ‘pasaporte de batería digital’ que incluya información sobre el modelo de la batería, así como información específica de la batería individual y su uso.
Además, todos los operadores económicos que coloquen baterías en el mercado de la UE, excepto las PYME, deberán desarrollar e implementar la denominada «política de diligencia debida», de conformidad con las normas internacionales, para abordar los riesgos sociales y ambientales relacionados con abastecimiento, procesamiento y comercialización de materias primas.
La votación de este lunes en el Consejo cierra el procedimiento de adopción, por lo que ahora el reglamento será firmado ahora por el Consejo y el Parlamento Europeo y a continuación, se publicará en el Diario Oficial de la UE para entrar en vigor 20 días después.
