“La oferta del PSOE consiste en dedicar recursos públicos a asumir, por parte de todos los contribuyentes, las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler”. Así lo señalan fuentes de Unidas Podemos ante la propuesta de los socialistas a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra.
Desde Unidas Podemos se considera que “ésta no sólo incumple el acuerdo de Gobierno por no incluir la regulación de precios del alquiler, sino que, además, es antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos y todas”. Para esta formación, “prueba de ello es que, en base a esta propuesta, cuanto más cara sea la renta y más viviendas tenga un propietario mayor será el beneficio fiscal que reciba”.
Asimismo, los morados inciden en que la iniciativa “no recoge ninguna medida dirigida a los grandes propietarios constituidos en empresas como Blackstone y el resto de fondos buitre”. De esta manera, “podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora y especulando con el derecho a la vivienda”. Tal y como han remarcado estas fuentes, “cabe recordar que estos fondos son quienes han logrado aumentar los precios del alquiler en nuestro país construyendo artificialmente una burbuja a través de la retención de vivienda vacía y otros mecanismos”.
Pablo Iglesias y los suyos lamentan que los socialistas “sucumban a las presiones de la patronal inmobiliaria”.
Los beneficios fiscales propuestos por Ábalos
En su propuesta, el departamento que dirige José Luis Ábalos abandona por completo la regulación de los precios del alquiler que propone Unidas Podemos y aboga por un complejo sistema de incentivos remodelando un sistema que ya existe en España: la actual reducción del 60% en el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual.
El Ministerio cree que este beneficio fiscal “introdujo un significativo aumento de la oferta de alquiler declarado”, si bien “carece actualmente de un mecanismo corrector que favorezca la moderación en los precios del alquiler”. Por ello, propone establecer en los nuevos contratos de arrendamiento, un porcentaje de reducción general del 50%, modulable en función de varios criterios:
- Alquiler de viviendas protegidas. El alquiler de viviendas de protección podrá beneficiarse de una reducción adicional del 10% en el rendimiento neto, hasta el 60%.
- Alquiler de viviendas recientemente rehabilitadas. Cuando se hayan realizado obras de rehabilitación o mejora en la vivienda en los últimos tres años, que impliquen un desembolso de más de seis meses de renta, la reducción también será del 60%.
- En el caso de alquiler de viviendas a jóvenes (entre 18 y 35 años) será del 70%.
- En el alquiler de viviendas a inquilinos con ingresos reducidos todavía no se ha determinado el porcentaje de bonificación.
Por otro lado, para las zonas tensionadas, entendidas como aquellas con “un incremento sostenido en los alquileres” y donde “los hogares sufren una mayor sobrecarga financiera para el pago del alquiler”, se establecen otras bonificaciones:
- Incorporación al mercado de vivienda en alquiler habitual, la reducción será del 70%.
- Reducción en más de un 10% en la renta, respecto al contrato anterior: llegará hasta el 90% la reducción “para contribuir a la moderación o bajada de los precios en la zona”.
Asimismo, se propone establecer un porcentaje de reducción del 70% en los siguientes supuestos, en los que actualmente los propietarios que ceden sus viviendas para alquiler social o asequible a cambio de una contraprestación no pueden favorecerse de las reducciones sobre el rendimiento neto en el IRPF al no ser los titulares de los contratos:
- Viviendas acogidas a programas públicos de alquiler social o a precio asequible (vivienda asequible incentivada).
- Cesión o alquiler de vivienda a entidades sin ánimo de lucro especializadas en la atención a hogares o colectivos vulnerables.
De acuerdo con los cálculos del Ministerio, y contando con la reducción máxima del 90%, suponiendo un contrato de arrendamiento de 700 euros mensuales, si el propietario firma un nuevo contrato por 630 euros, tendría derecho a un beneficio fiscal en IRPF de cerca de 950 euros al año, superior al beneficio neto que le reportaría optar por un incremento de la renta.
Vivienda vacía
En cuanto al tratamiento de la vivienda deshabitada, detalla que se recogerá una definición de vivienda vacía en la regulación del recargo existente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. ¿El objetivo? “Estimular el uso efectivo del parque, que acompañará a la financiación de programas específicos en el próximo Plan Estatal de acceso a la vivienda”, explica.
La propuesta pasa por “una definición clara” para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo en la cuota del IBI a los inmuebles de uso residencial “que permanezcan desocupados, estableciendo un periodo temporal de referencia de dos años, fijando un número mínimo de cuatro inmuebles por propietario”.