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La renovación del Pacto de violencia machista incluye una estrategia nacional cada 5 años y blindar su financiación

Manifestaciones contra la violencia machista

Manifestaciones contra la violencia machista

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El Gobierno y todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, han acordado este jueves, Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, un dictamen con 13 medidas que renuevan el Pacto de Estado contra esta lacra que el Congreso y el Senado aprobaron en 2017 y que caducaba en septiembre de 2022.

Este acuerdo se ha materializado en el Congreso, en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez y la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y el presidente del Senado, Ander Gil.

Además, han acudido representantes de PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC, PNV, Ciudadanos, Junts, PdeCAT, EH Bildu, Coalición Canaria, Compromís, Más País-Verdes Equo, BNG y Teruel Existe.

El texto consensuado, recogido por Europa Press, pone en valor el Pacto alcanzado hace cuatro años en el Congreso y el «consenso sin precedentes» que supuso «para consolidar una política de Estado frente a la violencia contra las mujeres en España, asegurar el cumplimiento de las obligaciones normativas en esta materia y garantizar la respuesta a todas las manifestaciones de la violencia machista, más allá de la violencia de género de la pareja o expareja».

«La protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia machista se debe explicitar combatiendo de forma expresa los discursos negacionistas», apunta también el documento.

Las trece medidas acordadas por las principales fuerzas parlamentarias llaman a consolidar un sistema de cogobernanza, de cooperación institucional y de actuación especializada en la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones forales y en las entidades que integran la administración local.

En este sentido, se recuerda la necesidad de respetar el ámbito competencial de las mismas y seguir «el espíritu del Pacto de Estado» de «situar a los municipios en el primer plano de respuesta».

FINANCIACIÓN A ONG Y ESPECIALIZACIÓN

También se recoge el compromiso a una «financiación pública estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico» que permita mantener las actuaciones y políticas frente a esta lacra.

Pero, además, según se explica en el documento, en cumplimiento del Convenio de Estambul, el compromiso también pasa por garantizar la financiación de los fondos del Pacto para el desarrollo por parte de ONG, tanto estatales como autonómicas, de programas de prevención y sensibilización, así como de acompañamiento y atención a víctimas.

Los firmantes de este texto también apuestan por asegurar la especialización profesional de todos los sectores que intervienen, directa o indirectamente, en la prevención de la violencia, en la atención a las víctimas y/o tienen relación directa con los perpetradores, especialmente en el ámbito de la justicia.

AMPLIACIÓN A TODAS LAS VIOLENCIAS

Del mismo modo, proponen establecer la obligación de aprobar cada cinco años una Estrategia Estatal frente a la violencia contra las mujeres, como marco de política pública que ponga las bases para el desarrollo efectivo de la normativa sobre la materia; y hacer permanente el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención.

Este último, señala el texto, «deberá englobar las cuatro iniciativas principales: programas de educación; campañas institucionales de concienciación social, dirigidas en particular a hombres y niños; políticas dirigidas al sector de las tecnologías de la información y los medios de comunicación, con especial atención a la prevención de la violencia en el ámbito digital, y campañas de toma de conciencia o autopercepción sobre las violencias machistas dirigidas a mujeres.

El acuerdo también recoge la necesidad de «adecuar la normativa estatal al Convenio de Estambul, asegurando una respuesta integral y contextualizada a todas las formas de violencia contra las mujeres» que se incluyen en el Pacto; reforzar la protección de aquellas mujeres que enfrentan otras formas de discriminación y son doblemente vulnerables –mayores, migrantes, rurales, minorías étnicas, con discapacidad o en situación administrativa irregular–; y perfeccionar los circuitos de atención integral de la violencia machista declarándolos servicios esenciales.

Reforzar las medidas que faciliten la autonomía económica dirigidas a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género; ampliar la red de recursos, según los estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad; establecer un sistema de recogida de información homogéneo y permanente de monitoreo de la acción de la Administración en todos sus niveles; y la elaboración de las comisiones de seguimiento del Pacto de Estado en Congreso y Senado de informe cuatrienial de actividad y de evaluación, completan las medidas pactadas.

UN EJEMPLO DE CONSENSO

Antes de la firma del documento, la presidenta del Congreso ha reconocido el «honor» que supone para la Cámara baja acoger este acto que, según ha señalado, está «cargado de simbología» al «reflejar» el Pacto alcanzado contra la violencia de género en 2017.

Batet ha destacado que es un acuerdo que «debe fortalecerse» y que «vertebra» la respuesta de España «como país y como sociedad» frente «a una de sus mayores lacras». «El Pacto de Estado contra la violencia de género es claro ejemplo de la importancia de generar consensos fundamentales en el seno de las instituciones», ha señalado.

«Consensos que expresan valores ampliamente asumidos por la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, que identifican e integran políticamente a nuestra sociedad y suponen una efectiva barrera a la polarización», ha concluido.

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha puesto en valor ante los periodistas el consenso alcanzado este jueves y que sitúa, según ha apuntado, a las instituciones «a la altura de las mujeres» del país. A su juicio, esta iniciativa es un «compromiso inequívoco» de las instituciones contra esta lacra que, además, les obliga a «seguir trabajando» contra la violencia machista.

Sobre la ausencia de Vox de este pacto, la ministra ha señalado que uno de los mensajes «más poderosos» que se ha lanzado este jueves es que los grupos parlamentarios «no van a tolerar a los negacionistas» y a quienes niegan la «urgencia» de «acabar con todas las formas de violencia contra la mujer».

Montero ha agradecido en su intervención el trabajo «discreto» de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, el de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, así como de la secretaria de Igualdad socialista, Andrea Fernández, en el impulso de esta iniciativa. También ha destacado el compromiso del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han explicado que al primero al que se llamó para poner en marcha este acuerdo es al líder del PP, Pablo Casado, con el que se limaron algunos temas del texto. El resto de formaciones también han hecho sus aportaciones al mismo, han señalado las mismas fuentes.