La precariedad en Educación: 110.000 profesores y profesoras se fueron al paro en julio

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La precariedad en Educación: 110.000 profesores y profesoras se fueron al paro en julio

CCOO pide a las administraciones que tomen medidas ante una situación que se repite “verano tras verano”.

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Aula de una clase.

El fin del curso escolar vacía las aulas. No solo de alumnos, sino también de docentes. Miles de profesores y profesoras se van al paro con la llegada del verano. En concreto, 110.000 se fueron al paro en julio, según CCOO, que denuncia que esta situación se perpetúa por la precariedad del sector.

“Los despidos de interinos e interinas durante los meses de julio y agosto son una constante” en la Educación, señala el sindicato, que recuerda que en 2018 se perdieron algo más de 110.000 puestos de trabajo, mientras que en el verano de 2022 fueron casi 170.000. Este año la cifra se sitúa en los 110.000 docentes.

Según Comisiones, este sector, junto al de las empleadas de hogar, es el que “más despido acumula y mayor precariedad laboral presenta” y la destrucción de empleo “no solo se observa en el régimen general, sino también en el régimen de personas autónomas”.

Ante esto, reclama a las administraciones que tomen medidas respecto a una situación que se repite “verano tras verano”. De esta manera, llama a “fortalecer y ampliar la plantilla y los recursos de la Inspección de Trabajo para impedir que las empresas traten de ahorrar costes laborales, no cotizando por el profesorado, durante los meses de julio y agosto. Evitando entre otras cosas los despidos encubiertos”.

Cobrar los meses de verano

Asimismo, reclama que en el sector privado “se regule, con claridad, en los convenios colectivos, la situación del verano para los trabajadores y para las trabajadoras” y ve necesario un acuerdo en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación “que permita que todo el profesorado interino de la educación pública no universitaria tenga derecho a cobrar los meses de verano, hasta el inicio del curso siguiente”.

A esto añade “una mayor vigilancia y mejor regulación de la situación laboral de los autónomos y autónomas, garantizando sus derechos laborales”.

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