IU apoya las movilizaciones en defensa de las pensiones públicas y reconoce «desconfianza» en ciertas ideas de Escrivá

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IU apoya las movilizaciones en defensa de las pensiones públicas y reconoce «desconfianza» en ciertas ideas de Escrivá

"Todas estas medidas imposibilitan el disfrute de una vejez digna y, al mismo tiempo, abocan a nuestra juventud al desempleo y a la precariedad", concluye IU.

Manifestación pensionistas - Jaime Pozas

IU traslada su «total respaldo» a la movilización convocada a nivel estatal el 16 de octubre para defender las pensiones públicas y desliza la «desconfianza» que provocan ciertas declaraciones realizadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá«.

Según ha informado la formación, IU participará «ampliamente» en esta acción convocada el próximo sábado por el conjunto de coordinadoras, plataformas y mareas del Estado.

A través de su Red de Activistas por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, IU deja patente su oposición a cualquier medida que pueda contribuir «a la privatización» de estas prestaciones en cualquiera de sus modalidades» y apuesta por «una reforma del mercado laboral hacia condiciones de trabajo estables y dignas que puedan garantizar el pleno empleo como pilar fundamental del sistema público de pensiones».

IU valora positivamente el acuerdo sobre pensiones alcanzado hasta el momento, ya que «posibilita la derogación de los principales recortes que el sistema ha soportado en los últimos años y busca reforzar la sostenibilidad futura de las pensiones con el incremento de los ingresos de la Seguridad Social».

En este sentido, destacan la eliminación de los aspectos «más lesivos» de la reforma de pensiones impuesta por el PP durante su etapa en el Gobierno, «entre ellos el índice de revaloración del 0,25%, recuperándose ahora el IPC como referencia, la derogación del denominado ‘factor de sostenibilidad’, la equiparación de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho con matrimonios o el blindaje de la ‘cláusula de salvaguarda'».

IU considera que todos estos avances «son fruto de la presión ejercida en la calle por los movimientos sociales en defensa del sistema público, además del trabajo realizado por Unidas Podemos en el Congreso junto a la labor de los sindicatos de clase en la mesa negociadora».

RECHAZO A UNA POSIBLE AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE CÁLCULO DE PENSIONES

No obstante, señala que hay que mantener las reivindicaciones frente a aspectos negativos como «el endurecimiento de las condiciones para la jubilación anticipada con la aplicación de coeficientes reductores para desincentivarlas, el mantenimiento de la jubilación a los 67 años o la posible ampliación del periodo para el cálculo de la pensión».

«Todas estas medidas imposibilitan el disfrute de una vejez digna y, al mismo tiempo, abocan a nuestra juventud al desempleo y a la precariedad», concluye IU.

LLAMA A ACLARAR EL INSTRUMENTO DE SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL

También deja patente la desconfianza que provocan ciertas declaraciones de Escrivá y alude a la sustitución del factor de sostenibilidad por el concepto de ‘mecanismo de solidaridad intergeneracional’, denominación «muy llamativa e incluso ilusionante, pero de cuyo alcance exacto poco se conoce».

De esta forma, teme que pueda utilizarse como «un instrumento que limite las pensiones públicas dependiendo de parámetros que no incluyan elementos sociales y de justicia con los mayores».

Tampoco gusta a IU el «impulso» a los planes de pensiones privados de empresa, gestionados por aseguradoras y entidades bancarias, que implican la transferencia de dinero público a manos privadas.

Frente a estos aspectos «negativos», la Red de Activistas por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de IU exige «el cumplimiento de los acuerdos de gobierno en materia de pensiones» y detalla que el grupo parlamentario de Unidas Podemos y sus ministros permanecerán «vigilantes e intransigentes» en el Gobierno con esas «líneas rojas» que no se han de traspasar en la tramitación legislativa.

Finalmente, respalda «una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social para, en aras de la transparencia democrática, determinar el importe de la deuda del Estado con la Seguridad Social y acabar así con el discurso interesado sobre la insostenibilidad del sistema».

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