La Comisión Europea (CE) ha vuelto a amenazar, una vez más, a la City londinense con llamar al orden a sus principales moradores por manipular los mercados de deuda soberana. Desde Bruselas se ha acusado ahora a los especuladores de violar las normas de competencia de los CDS. A este argumento hay que añadirle el que también esgrimen desde hace tiempo los responsables europeos de que esta industria aprovecha la falta de transparencia para atacar al euro. No obstante, la nueva regulación que pretendía vigilar más de cerca a los hedge funds y otros fondos de riesgo se encuentra estancada desde hace un año.
Esta vez ha sido el español Joaquín Almunia, comisario de Competencia de la CE, quien ha advertido de que Bruselas está preparando dos investigaciones para desmantelar un círculo elitista de operadores de CDS (los seguros de riesgo contra el impago de deuda, en inglés) que da lugar a comportamientos abusivos. Almunia ha añadido además que los acontecimientos recientes han demostrado que las operaciones que afectan a esta categoría de activos presentan insuficiencias. En otras palabras, que son peligrosos y difíciles de controlar. Sin embargo, el comisario no ha querido especificar a qué acontecimientos recientes se refería.
El rescate de Grecia es una posibilidad. La especulación sobre la solvencia del país para pagar sus deudas terminó por obligar a Atenas a pedir un rescate a sus compañeros de la zona del euro y el FMI hace un año. Justo cuando desde Bruselas se dijo de implantar normativas más fuertes contra los especuladores que aún se siguen esperando. Después del rescate griego, la especulación dirigió su atención hacia otro país de la zona del euro en dificultades: Irlanda. En apenas unos días, los rendimientos que ofrecían los bonos del Tigre Celta se dispararon y Dublín tuvo que solicitar, el pasado noviembre, otro rescate.
La última víctima ha sido Portugal, cuyos costes de financiación (es decir, el rendimiento de su deuda) se vieron incrementados hasta que José Sócrates, el primer ministro (ahora en funciones) luso, dijo recientemente que el país no podría asumir los pagos de sus vencimientos antes de verano. Ahora Bruselas estudia enviar 80.000 millones de euros a Lisboa.
No obstante, en el marco de las declaraciones de Almunia entra un hecho novedoso: la deuda alemana, considerada hasta hace unas semanas el valor refugio ante los acontecimientos arriba mencionados y la especulación en general, ha experimentado un rally que ha llevado a sus bonos a diez años a ofrecer una rentabilidad del 3,27% a los inversores, cuando el pasado mes de septiembre ésta era del 2,28%. Y algunos bancos de inversión, como el japonés Nomura, ya ha recomendado que se vendan papeles teutones.
Quizás por este último hecho, ahora Bruselas ha facilitado, junto a la amenaza de las investigaciones, una lista de nombres. Que por cierto, son de sobra conocidos. Están acusados JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Crédit Suisse First Boston, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS, Wells Fargo Bank/Wachovia, Crédit Agricole y Société Générale.
Además, la investigación también afectará a Markit. La empresa británica que se creó originalmente para mejorar la transparencia en este mercado ha sido acusada por la Comisión de establecer cláusulas abusivas que frenan la competencia de estos 16 bancos. Markit se creó, en un principio, para aportar transparencia a los mercados mediante sus estudios y sus publicaciones. Además, y en el marco de estas investigaciones, el Ejecutivo comunitario verificará si las ventajas tarifarias que concede la cámara de compensación ICE Clear Europe a nueve de las entidades anteriormente citados (Bank of America Corporation, Barclays Bank plc, Citigroup Inc, Crédit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group, Inc., JP Morgan Chase & Co, Morgan Stanley y UBS AG) tienen como resultado expulsar a otras cámaras de compensación del mercado.
Sin embargo, a pesar de dar nombres propios y apellidos, la CE mantiene su línea ambigua y no ha declarado ninguna fecha que determinen cuándo finalizarán estos procesos.
