El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado este jueves ilegal el sistema de sanciones que aplica Hacienda a los contribuyentes que no declaran correctamente y a tiempo sus bienes y activos en el extranjero. El tribunal considera en concreto que el plazo de prescripción es “desproporcionado”, al tiempo que el importe de la multa es “abusivo”.
Montero, que ha comparecido en el Ministerio para presentar los datos de recaudación de 2021, ha mostrado su “respeto” por la sentencia, a la espera de poder realizar una “lectura más tranquila y sosegada de la letra pequeña” de la misma.
No obstante, sí ha adelantado que “vamos a reformular de manera rápida los aspectos a corregir”, que son los sujetos a “los plazos de prescripción y la cuantía de las sanciones”. En ese sentido, ha recordado que la norma “sigue estando vigente” por lo que los ciudadanos tienen hasta el 31 de marzo para presentar sus declaraciones, como cada año.
El objetivo del Gobierno es que “antes de que expire el plazo”, este 31 de marzo, se haya corregido la norma. No se realizará mediante un real decreto, sino que se utilizarán “algunas de las leyes en tramitación” actualmente. “Puede ser un vehículo apropiado”, ha añadido la ministra.
Montero, que ha recordado que esta norma fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha asegurado que unos 60.000 contribuyentes presentan el modelo anualmente. Se trata de un “volumen limitado”, ha reflexionado, “y además en los últimos años no se ha impuesto prácticamente ninguna sanción” a la espera de conocer la sentencia.
No obstante, “sí es verdad que previamente se habían puesto en marcha algunas sanciones”. Así, ha calculado un “límite máximo de unos 230 millones de euros” en los importes que podrían tener que devolverse. “Habrá que ver a quien afecta la letra pequeña de la sentencia”, ha insistido.
