En su dictamen, el Tribunal de Justicia de la UE ha considerado que tales multas «establecen una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales» y que, por tanto, contraviene el Derecho de la Unión.
El pasado julio, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró ilegal el sistema de sanciones de Hacienda al concluir que se trata de una medida «desproporcionada» que contraviene el Derecho de la UE.
El caso se remonta a 2015, cuando la Comisión Europea decidió expedientar a España por exigir a los contribuyentes residentes que notifiquen las propiedades, cuentas bancarias o activos financieros que tengan en el extranjero. La falta de soluciones llevó a Bruselas a elevar el caso ante la Justicia europea en junio de 2019.
Esta norma fue un complemento a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno del PP hace diez años, siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. El Ejecutivo permitió a los defraudadores regularizar a muy bajo coste el dinero que tenían sin declarar en el extranjero, pero a partir de 2013 tendrían que declarar todo el patrimonio que tenían fuera de España a riesgo de ser sancionados con multas que podrían ascender hasta el 150% de la cuota no declarada, sanciones fijas de 10.000 euros por cada dato omitidos y, además, se considerarían como ganancias patrimoniales no justificadas los activos no declarados por lo que tendrían que tributar al tipo marginal de la renta.
EL GOBIERNO CORREGIRÁ SOBRE LA MARCHA LAS SANCIONES
Montero, que ha comparecido en el Ministerio para presentar los datos de recaudación de 2021, ha mostrado su “respeto” por la sentencia, a la espera de poder realizar una “lectura más tranquila y sosegada de la letra pequeña” de la misma.
No obstante, sí ha adelantado que “vamos a reformular de manera rápida los aspectos a corregir”, que son los sujetos a “los plazos de prescripción y la cuantía de las sanciones”. En ese sentido, ha recordado que la norma “sigue estando vigente” por lo que los ciudadanos tienen hasta el 31 de marzo para presentar sus declaraciones, como cada año.
El objetivo del Gobierno es que “antes de que expire el plazo”, este 31 de marzo, se haya corregido la norma. No se realizará mediante un real decreto, sino que se utilizarán “algunas de las leyes en tramitación” actualmente. “Puede ser un vehículo apropiado”, ha añadido la ministra.
Montero, que ha recordado que esta norma fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha asegurado que unos 60.000 contribuyentes presentan el modelo anualmente. Se trata de un “volumen limitado”, ha reflexionado, “y además en los últimos años no se ha impuesto prácticamente ninguna sanción” a la espera de conocer la sentencia.
