“El protocolo no establece ningún criterio económico obligatorio, ni por lo bajo ni por lo alto, porque cada caso se va a estudiar en profundidad”. Así lo ha explicado el ministro Félix Bolaños tras firmar el desarrollo de este acuerdo con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.
Según ha explicado el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, “cada caso es diferente” y este protocolo “sí que establece los criterios que han de dar lugar a la reparación económica”, como es “la gravedad del daño”, “la reiteración” o “la edad”. Tal y como ha apuntado Bolaños, “una reparación justa no debe de estar delimitada por ninguna cifra”.
La nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial, acordada el pasado 8 de enero, entrará en funcionamiento el 15 de abril y las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán recurrir al nuevo mecanismo mixto. A partir de la citada fecha, deberán elegir si recurren al nuevo sistema Iglesia-Estado o al PRIVA.
Fuente del Gobierno han señalado que el proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes , que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.
Reparación en un plazo máximo de tres meses
“Estudiado el caso y escuchadas las partes, la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) en un plazo máximo de tres meses”, detallan dichas fuentes.
La propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. “Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución”. En caso de disconformidad por alguna de las partes, se convocará la Comisión Mixta, en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas, para tratar de alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. “Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo”, apuntan dese el Ejecutivo.
