Estos cuatro partidos han suscrito una declaración conjunta “para la recuperación de derechos” en la reforma laboral. Un texto en el que detallan una serie de propuestas que creen que “debería incluir” la reforma acordada.
“Valoramos ciertos aspectos y medidas que la reforma laboral contempla en relación a dos cuestiones como son la temporalidad y la precariedad, cuestiones importantes del mercado laboral que compartimos deben ser corregidos”. No obstante, dejan claro que las iniciativas en estos campos “son totalmente insuficientes para alcanzar el objetivo de restituir los derechos laborales básicos arrebatados” por el texto del PP. Por ello aseguran que la reforma laboral “a debate en estos días no constituye la derogación de la del 2012”.
Ante esto, plantean un conjunto de medidas no sin antes mostrar su “absoluta y sincera voluntad para abrir un proceso de diálogo y negociación con el Gobierno”. Todo, para llegar a un acuerdo que permita aprobar una reforma “ambiciosa”. “Que dé respuesta a las peticiones y expectativas de las personas trabajadoras y cumpla con la palabra dada”, señalan.
En primer lugar, solicitan a PSOE y Unidas Podemos que apoyen la tramitación del Real Decreto Ley 32/2021 como Proyecto de Ley, “adquiriendo un compromiso para dialogar, negociar y modificar la reforma permitiendo, mediante la inclusión de nuevas medidas acordadas, la recuperación de los derechos laborales pendientes en la norma propuesta”.
Sus condiciones para facilitar la convalidación
Dicho esto, dan cuentan de sus condiciones para apoyarla. En primer lugar, que se recupere “la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos, así como el blindaje jurídico de los Acuerdos Interprofesionales autonómicos donde efectivamente estos existan”. “Se reconocerán y blindarán así los marcos laborales propios de los diferentes territorios y los acuerdos y convenios colectivos en ellos alcanzados”, plantean.
Además, que sea necesaria autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos a través de los ERE, “recuperando para ello las causas objetivas previas a la reforma del 2012”.
“Se especificarán medidas para atajar la precariedad y las posibilidades de descuelgue salarial, centrada en una revisión y modificación de las causas y procedimientos del despido, así como de los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo bajo las causas de ‘pérdidas’ previstas actualmente”. Por otra parte, quieren que se recupere la indemnización por despido improcedente, “incrementando su cuantía a los 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades”.
Otras de sus condiciones pasan por la vuelta de “la prioridad aplicativa” de los convenios sectoriales sobre los de empresa y las limitaciones de las empresas para la movilidad geográfica colectiva.
Por último, que se incluyan propuestas orientadas a la reordenación del tiempo de trabajo y la reducción de la jornada laboral, para facilitar la conciliación.
Todas ellas, defienden, “deberán desarrollarse y detallarse mediante las enmiendas técnicas que los grupos presenten en su tramitación parlamentaria”.
