“A fin de respetar mejor la voluntad popular y evitar la fragmentación que pone en riesgo la gobernabilidad en los ayuntamientos, se propone una reforma del artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada”.
Así lo recoge el PP en este documento, en el que sostiene que esta reforma “garantizará que el Gobierno local no tenga que someter al pleno asuntos de naturaleza gestora, lo que deberá complementarse de un estatuto de la oposición para que no se menoscabe la labor de control al Ejecutivo local”.
Feijóo limita, de esta manera, dicha iniciativa al resto de resultados electorales, ya sean autonómicas o generales. Antes de la presentación de este plan la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha dejado claro que no ve futuro a dejar gobernar a la lista más votada.
Asimismo, el plan incluye recuperar el delito de sedición en el Código Penal, dejar sin efecto la reforma del de malversación y que vuelva el delito del referéndum ilegal. También, una reforma urgente de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como ley de ‘sólo sí es sí’) “para recuperar las penas a los agresores sexuales vigentes con anterioridad”.
Junto a esto, el PP aboga por limitar el recurso al Real Decreto Ley e incluir en las memorias económicas de las leyes el coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos, “más allá del impacto presupuestario”. Establecer un régimen de información frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, “a quien informará como mínimo una vez durante cada periodo de sesiones” sobre cumbres internacionales, decisiones en Política Exterior y Defensa, el Pacto Antiterrorista, y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es otra de sus iniciativas, además de un registro sobre el uso del Falcon y del helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno.
A todo esto se unen diversas medidas en torno al Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.
