Exigen responsabilidades penales al Gobierno de Cifuentes por exponer al amianto a la plantilla de Metro

Metro de Madrid

Exigen responsabilidades penales al Gobierno de Cifuentes por exponer al amianto a la plantilla de Metro

CCOO cifra en tres los trabajadores afectados por la exposición al amianto y pide la dimisión del consejero por poner en peligro la vida del personal de Metro .

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CCOO denuncia que hay tres trabajadores de Metro de Madrid –miembros de este sindicato-afectados por la exposición al amianto por lo que exige la dimisión del consejero delegado de Metro, Borja Caravante, por su “nefasta gestión”, y exige que “se depuren todas las responsabilidades ante los tribunales correspondientes”.

La organización sindical considera “inadmisible que la Dirección de Metro fuera consciente de la existencia de amianto en distintos trenes e instalaciones desde el año 2003, y no tomara ninguna medida al respecto, lo que refleja un absoluto desprecio por parte de esta dirección hacia la salud laboral de sus trabajadoras y trabajadores”. Para el sindicato resulta intolerable que ante un problema “anunciado” no se haya actuado y no se haya garantizado la salud de los trabajadores y trabajadoras, lo que ha puesto en peligro la vida del personal del Metro de Madrid.

La inacción de la dirección del suburbano para adoptar medidas suficientes para prevenir la seguridad y salud de los trabajadores con riesgo de exposición al amianto la ponen de manifiesto la reciente sanción de 191.000 euros. impuesta recientemente por Inspección de Trabajo.

De momento, los distintos grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid han solicitado la comparecencia tanto de la consejera de Transportes como del consejero delegado de Metro de Madrid para que expliquen por qué no han tomado las medidas oportunas desde el año 2003 en los que se reconoce la presencia de amianto en Metro de Madrid.

Paralelamente, la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a abrir una investigación sobre la venta de trenes con amianto que realizó Metro de Madrid a Buenos Aires en el año 2011, pese a que la comercialización de este tipo de vehículos con este material está prohibida en España desde 2003, una información que ha adelantado la Cadena SER y sobre la que la oposición ha interrogado hoy en el pleno de la Asamblea a la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo.

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