Hace tiempo que en Bruselas llueven las críticas por las enormes diferencias fiscales dentro de las fronteras de la UE. Hoy el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, ha presentado la nueva estrategia que tendrá un largo recorrido antes de ser aplicada, aunque la normativa prevé aplicaciones inmediatas. El grueso de la reforma no estará listo hasta dentro de dos años y necesita el acuerdo del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que es seguro que la propuesta sufrirá cambios importantes, pero apunta en la dirección que venían reclamando diversos países que creen que muchas grandes empresas tienen un tratamiento fiscal muy favorable. La iniciativa requerirá cambios importantes en la legislación comunitaria y si se implica a la OCDE exigirá una negociación que será también compleja según reconocieron ayer portavoces europeos.
Los detalles técnicos de la nueva fiscalidad no se han dado a conocer, pero evidentemente se buscan “nuevas formas de tasar los beneficios de las grandes empresas” especialmente aquellas multinacionales que aprovechan de las ventajas que ofrecen algunos países respecto a otros y que permiten acceder a la totalidad del mercado europeo. La idea es potenciar la “equidad, eficiencia y simplicidad”. Y garantizar una imposición mínima a las macro-empresas internacionales. Sustituirá a la que denomina “infructuosa propuesta de base imponible consolidada común del impuesto de sociedades” que ha sido un fracaso. Países como Irlanda, Holanda o Luxemburgo son base frecuente de las grandes multinacionales porque allí tributan menos.
La mejora de las relaciones con Estados Unidos y la petición expresa de la administración Biden de aplicar una normativa fiscal común para las grandes compañías está detrás de este nuevo impulso que el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, considera que “la renovación de la colaboración trasatlántica brinda la oportunidad de avanzar de forma decisiva hacia una reforma tributaria mundial”
