La economía española, muy dependiente del turismo, será una de las más afectadas por la crisis provocada por el coronavirus Covid-19. Sin embargo, la respuesta fiscal puesta en marcha por el Gobierno es una de las menos generosas de Europa debido al escaso margen con el que contaban las finanzas públicas antes de que estallase la pandemia. Así lo muestra un estudio de Bruegel, que destaca que las medidas directas sobre la mesa en España representan menos de un 4% del PIB, frente al 13,3% de Alemania.
Los expertos del think tank agrupan las medidas fiscales aprobadas por los gobiernos en tres categorías:
En un primer lugar, el impulso fiscal inmediato, que incluye las medidas de gasto adicional (recursos sanitarios, subsidios, inversión pública, etc.) pero también ingresos no percibidos, como cancelaciones de ciertos impuestos o de las contribuciones a la seguridad Social. “Este tipo de medidas conducen inmediatamente al deterioro del saldo presupuestario sin ninguna compensación directa posterior”, señalan los autores.
En segundo lugar están los aplazamientos de impuestos o contribuciones, que en principio deberían devolverse más tarde. Algunos países también han diferido el servicio de préstamos o el pago de facturas de servicios públicos, lo que también mejora las posiciones de liquidez de los afectados. Estas medidas mejoran las posiciones de liquidez de familias y empresas, pero no cancelan sus obligaciones. Es decir, causan un deterioro del saldo presupuestario en 2020, pero lo mejorarán más adelante.
Por último, analizan las garantías de liquidez, entre las que se incluirían en España los créditos otorgados con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). “Las líneas de crédito y las garantías podrían no debilitar el saldo presupuestario en 2020, pero crearían pasivos contingentes que podrían convertirse en gastos reales en 2020 o más adelante”.
Así, las medidas de impulso fiscal inmediato suponen en España un 3,7% del PIB, muy lejos del 13,3% de Alemania y por debajo también del 4,4% de Francia. Sí se sitúa por delante del 3,3% de Italia, otro país cuyas finanzas públicas estaban ya bajo tensión antes de la crisis. Cuando se trata de aplazamientos de impuestos, el país es, con mucho, el menos generoso de todos los analizados por Bruegel, con medidas que representan apenas un 0,8% del PIB. En cuanto a las garantías, se sitúan alrededor del 9% del PIB, en comparación con el 27% de Alemania o el 32% de Italia, aunque la tasa de aceptación es mucho más alta en España que en otros lugares.
Estas cifras contrastan con el fuerte impacto que tendrá la crisis en España respecto a otros países. De acuerdo con las últimas previsiones de la OCDE, el PIB español podría desplomarse hasta un 14,4% este año, la mayor caída de todos los estados miembro, si se produce un rebrote de Covid-19. La tasa de paro se dispararía hasta el 25%.
“España, Italia, Portugal y Grecia se enfrentan a una posible crisis fiscal inminente debido a su situación fiscal mucho más vulnerable y una deuda pública mucho más alta y un desempleo ya más alto”, señala Zsolt Darvas, uno de los autores del informe, en declaraciones a Financial Times. “Eso explica por qué son mucho más cautelosos que otros países con más espacio fiscal, como Alemania o Reino Unido”.
“Nuestro presupuesto estaba estructuralmente desequilibrado antes de la crisis y esos desequilibrios están empeorando”, reconoce en una entrevista al diario británico Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, la autoridad fiscal independiente. Anteriormente, el país tenía un déficit estructural de alrededor del 3% del PIB y solo estaba reduciendo su deuda porque los tipos de interés eran menores que el crecimiento. “Las finanzas públicas sostenibles son la garantía del crecimiento futuro y mantienen intacto el estado del bienestar”
La AIReF calcula un déficit público de entre el 11,1% y el 13,9% del PIB este año, y de entre el 7,7% y el 9,7% en 2021, dependiendo de la gravedad y la duración de la pandemia.
Un elemento que podría limitar esta distorsión entre países es el fondo de reconstrucción propuesto por la Comisión Europea, y que se espera que alcance los 750.000 millones de euros, a través de subvenciones directas y de préstamos. Este fondo está todavía en negociación entre los distintos países.
