Así lo pudo comprobar Servimedia tras una semana en la que la atención mediática se centró, mucho más que en la propuesta para los saharauis, en la proposición de ley con la que el PSOE quiere reformar el apartado penal de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘sólo sí es sí’, para elevar los años de cárcel a los agresores sexuales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha verbalizado su intención de sacar adelante la reforma del ‘sólo sí es sí’, aunque sea sin Unidas Podemos y el resto de socios parlamentarios habituales, que rechazan una iniciativa que no cuenta con el beneplácito del Ministerio de Igualdad y, en cambio con el apoyo del PP, que ya se le ha prometido. Unidas Podemos descarta presentar su propia propuesta, pero, si la registrara, tendría garantizado el rechazo del PSOE.
No sería una novedad, puesto que, dejando aparte las iniciativas conjuntas de ambos grupos como la de reforma del Código Penal para eliminar la sedición y ponderar y mitigar las penas de la malversación, o los gravámenes extraordinarios a bancos y grandes empresas energéticas, el PSOE lleva más de un año votando casi sistemáticamente en contra de las proposiciones de ley y no de ley de su socio en el Gobierno.
La única iniciativa del grupo confederal que ha recabado el apoyo del PSOE fue este mismo jueves, cuando se votó una proposición no de ley, debatida el martes, para fomentar la donación de médula ósea en la lucha contra el cáncer aclarando que se trata de un simple pinchazo en la parte posterior de la cadera para extraer sangre sin mayor peligro, y que obtuvo un apoyo muy mayoritario del Pleno. Pero en todas las que han tenido un mínimo contenido político, e incluso en algunas que parecían carecer de él, el PSOE dejó solo a UP.
Los desencuentros comenzaron el 14 de diciembre de 2021, cuando el Grupo Socialista liquidó una iniciativa de Unidas Podemos, coaligado con ERC y EH Bildu para llevar al Congreso la proposición de ley elaborada por colectivos de activistas por el derecho a la vivienda. Unidas Podemos optó en el último momento por retirar su firma para intentar llegar a un acuerdo con el PSOE para desbloquear la Ley de Vivienda, pero era uno de los firmantes. 14 meses después, la norma sigue sin tramitarse, aunque en los últimos días tanto el PSOE como UP confían en que el acuerdo está cercano.
DOS EN FEBRERO DE 2022
En el mes de febrero del año pasado fueron dos las iniciativas parlamentarias del grupo confederal que tumbó su socio en el Gobierno. El 15 de febrero presentó (se votó dos días después) una proposición no de ley que instaba al Gobierno a aprobar una reforma fiscal que incluyera la creación de un impuesto a la grandes fortunas, la subida de los tipos fiscales más altos del IRPF y el incremento en un 10% del Impuesto de Sociedades a las empresas eléctricas. Una sola semana más tarde, el martes 22, los socialistas impidieron la toma en consideración de otra proposición de Unidas Podemos, ésta sí de ley, para crear una empresa pública de energía que compitiera con las privadas y permitiera bajar los precios.
El siguiente desencuentro legislativo tuvo lugar el 7 de abril de 2022, cuando Unidas Podemos, junto a ERC y EH Bildu, hizo debatir una proposición no de ley en defensa del Sahara Occidental cuya parte dispositiva promulgaba: «El Congreso de los Diputados ratifica su apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), en el convencimiento de que solo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva , conforme al Derecho Internacional , ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable, duradera y aceptable por ambas partes al conflicto político».
Como Sánchez iba a viajar esa misma tarde a Marruecos, el PSOE prefirió votar en contra de la iniciativa. No obstante, como ocurrió este pasado martes con la de la concesión de la nacionalidad a los saharauis, el resto de grupos parlamentarios lo hicieron a favor. Dada la aritmética parlamentaria, esto es lo que tiene que suceder para que una iniciativa de Unidas Podemos salga adelante pese al rechazo del PSOE, y por eso las dos proposiciones relativas al Sahara (la de la nacionalidad con la abstención, no el voto a favor, de Vox) son las dos únicas del grupo confederal que su socio en el Gobierno, en total soledad en la Cámara, no ha podido tumbar.
El PSOE sí pudo tirar por tierra, el 7 de junio de 2022 y con la ayuda de PP y Vox, una proposición de ley de Unidas Podemos para crear un impuesto a las grandes fortunas, con la que reconvirtió su proposición no de ley ya rechazada en febrero y pasó a darle impacto legislativo y a limitar el impuesto a las fortunas de más de 10 millones de euros, con la esperanza de hacerlo compatible, y ya no de reemplazarlo, con el Impuesto al Patrimonio vigente.
El 23 de junio, el desdén del PSOE por las ideas de su socio llegó por partida doble. Por un lado, con la proposición de reforma de la Ley de Minas, presentada por el partido ecologista del espacio, Alianza Verde, que pretendía condicionar la apertura de nuevas explotaciones mineras al cumplimiento de ciertos requisitos de sostenibilidad. Fuentes de Unidas Podemos confesaron entonces su incredulidad por el rechazo socialista a una iniciativa que consideraban inofensiva.
LENGUAS EN EL CONGRESO
Acto seguido, ocurrió lo propio con la una proposición de reforma del Reglamento del Congreso para permitir el uso de las lenguas cooficiales en los plenos y en el intercambio de documentos oficiales con la Cámara. Unidas Podemos registró originalmente la iniciativa junto a ERC, PNV, EH Bildu, JxCat, PDeCat y BNG, si bien el grupo confederal retiró en el último momento su firma porque no podía constar cuando esa misma semana ya se debatía la proposición de reforma de la Ley de Minas, y el abertzale por falta de cupo. Pero, propiamente, fue otra propuesta de UP rechazada por su socio en el Gobierno.
Cinco días después, el 28, el PSOE volvió a tumbar con sus votos, unidos a los del PP y Vox, la toma en consideración de una proposición de ley del grupo confederal que ofrecía mecanismos para que los centros de educación concertados pudieran, voluntariamente, integrarse en la red pública.
Finalmente, el pasado 22 de septiembre, el Grupo Socialista rechazó una proposición no de ley de Unidas Podemos que abogaba por destinar a alquiler social las 15.000 viviendas que tiene la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb), que se transferirían a las comunidades autónomas “para gestionar alquileres sociales vinculados al nivel de ingresos”, con un precio de unos 100 euros mensuales y nunca superiores a 300. Además, Unidas Podemos proponía suspender de forma indefinida los desahucios de sus inquilinos.
El PSOE presentó una enmienda que conminaba a “desarrollar la utilidad social de la Sareb a través de la minimización del coste para el contribuyente dentro de su gestión de activos” y a que “dicha utilidad social estará dirigida a liquidar los activos de su balance”. Estas dos puntualizaciones desnaturalizaban el propósito de la iniciativa, Unidas Podemos no la admitió y el Grupo Socialista votó en contra. Como el grupo confederal no llevó a Pleno ninguna iniciativa parlamentaria desde entonces, aquel ‘no’ fue el último antes del que recibió, esta vez sin consecuencias, la propuesta para dar la nacionalidad española a los saharauis.
Si no sólo se tuviera en cuenta el Pleno del Congreso, sino también la Junta de Portavoces, cabe reseñar que el PSOE tumbó el 8 de marzo de 2022 en este órgano una undécima iniciativa de Unidas Podemos: su intención, junto con ERC y EH Bildu, de constituir una comisión de investigación parlamentaria sobre los abusos sexuales de eclesiásticos a menores de edad. Impidió así su inserción en el orden del día del Pleno y la hizo decaer. El PSOE prefirió una comisión presidida por el Defensor del Pueblo, y la consiguió con el apoyo del PNV, que la canalizó en su cupo legislativo sin que los grupos que la querían en el Congreso votaran en contra.
