Así lo han avanzado fuentes del Ejecutivo, que recuerdan que desde que se conoció el caso y la condena, el departamento de Yolanda Díaz ha defendido en todo momento la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en España, ante una condena inapropiada en una democracia.
El pasado mes de julio, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social se reunió con las seis personas condenadas en Asturias, donde prometió que trabajaría para promover desde el Gobierno la medida de gracia para lograr su libertad. “Hacer sindicalismo no es delito. Defender los derechos de las y los trabajadores no es delito”, defendió.
