El Gobierno empieza a deshacer el escudo social: cientos de miles de familias volverán a pagar la hipoteca

Finaliza el mes de septiembre y con él llegan también a término algunas de las medidas del denominado ‘escudo social’ del Gobierno para hacer frente a la pandemia de covid-19. Frente a medidas como la prórroga de los ERTE y de las ayudas a autónomos hasta el 31 de enero o la extensión, también hasta esa fecha, del veto a los desahucios, la moratoria de las hipotecas no ha corrido igual suerte: esta ayuda deja de estar disponible en un momento en que la situación económica de muchas familias vuelve a complicarse debido a la segunda ola de la enfermedad.

En el mes de marzo, en los peores momentos de la pandemia, el Gobierno aprobó una moratoria en el pago de las hipotecas que permitía a las familias que habían visto sus ingresos mermados por las medidas de confinamiento una carencia en el pago de la cuota, en principio previsto durante un mes y posteriormente extendida a tres meses. Junto a esta medida las principales patronales bancarias (AEB y CECA) aprobaron una moratoria complementaria con unos requisitos más fáciles de cumplir y que permitía extender el período hasta los 12 meses.

Esta ayuda sin embargo ya no se puede solicitar, aunque los beneficiarios actuales sí seguirán pudiendo hacer uso de ella hasta agotar los plazos previstos. Es decir, una persona que recibiese su moratoria en septiembre no pagará las cuotas hasta diciembre, pero una persona que se haya quedado recientemente en paro ya no podrá solicitarla y en todo caso deberá negociar algún tipo de carencia con su banco.

A 31 de agosto, últimas cifras publicadas por el Banco de España, la banca había concedido más de 1,28 millones de moratorias a sus clientes, con un saldo total pendiente de amortización que superaba los 48.883 millones de euros.

En el caso de la moratoria legislativa de las hipotecas, a cierre de agosto las entidades tenían concedidas 226.644 moratorias, un 84% de las más de 269.000 solicitadas, con un saldo vivo de 20.367 millones. Por su parte, las solicitudes de moratorias sectoriales alcanzaban una cifra de 731.667 peticiones, de las que se han dado curso a 666.699 (el 91%). El saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos era de 25.700 millones de euros.

A estas se sumaban las moratorias para créditos sin garantía hipotecaria, de las que se habían registrado 439.631 peticiones y se habían tramitado 391.904 (el 89%), con un saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos de 2.883 millones de euros.

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