Hernández de Cos ha advertido de que el pacto de rentas “debe suponer un reparto, entre empresas y trabajadores, de la merma de rentas de la economía nacional frente al resto del mundo que implican los aumentos de costes recientes”. Es decir, “se trata de repartir costes; todos los agentes implicados han de asumir una pérdida”.
El gobernador ha reconocido que por parte de los trabajadores este reparto ya está produciéndose, ya que “es indudable que están perdiendo poder adquisitivo”. En particular, en febrero, el incremento salarial pactado para 2022 se incrementó hasta el 2,3% -desde el 1,5% acordado en los convenios colectivos para 2021-, un “porcentaje claramente inferior a las tasas de inflación observadas en los últimos meses y a las esperadas para el conjunto de este ejercicio”.
Por el lado de las empresas, distintas piezas de información “ponen de manifiesto que, en los últimos meses, estas no han venido trasladando de forma plena a los precios de sus productos el reciente aumento de sus costes –fundamentalmente en sus inputs energéticos, pero también en otros inputs intermedios–“, ha señalado también Hernández de Cos.
El Banco de España cree además “fundamental” que el pacto “facilite el grado de coordinación de la negociación colectiva entre los diferentes ámbitos de negociación, pero evite adoptar medidas cuya implementación sea excesivamente general”. Asimismo, “también sería deseable que se eviten fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia”.
“Un incremento o generalización de estas cláusulas elevaría significativamente el riesgo de que se materializara una eventual espiral de incrementos salarios-precios”, ha advertido el gobernador, que ha recordado que casi el 30% de los trabajadores con convenio registrado hasta febrero de este año tienen algún tipo de cláusula de garantía salarial que relaciona los incrementos finales pactados en 2022 a la evolución de la inflación.
En cuarto lugar, “sería deseable que un eventual pacto de rentas contemplara compromisos plurianuales tanto en lo relativo a los incrementos salariales como a la protección del empleo”.
Y por último, “estas directrices sobre la evolución salarial deberían acompañarse con compromisos explícitos de moderación de los márgenes empresariales”. “Solo de esta manera se puede asegurar que la moderación salarial se traslada de forma efectiva a la competitividad empresarial, a la vez que se limita la traslación de los aumentos de los costes de los insumos energéticos al resto de bienes y servicios de la economía”.
