En el juicio, que duró más de cuatro horas, la postura de Liberbank se centró en justificar los recortes salariales por motivos económicos. Ayer se celebró el juicio contra Liberbank en la Audiencia Nacional para juzgar si el acuerdo laboral suscrito el 27 de diciembre entre la dirección de la empresa y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF se ajusta a la legalidad. La vista se celebró a instancias de las demandas de conflicto colectivo presentadas por CSICA y el Comité de Sucursales de Asturias, y a las que se han adherido CSI, STC y APECASSYC.
En el juicio, que duró más de cuatro horas, la postura de la empresa se centró en justificar los recortes salariales por motivos económicos, centrados en la necesidad de incrementar la ratio de capital, según señala CSICA en un comunicado, en el que recuerda que esta ratio alcanzó el 10,4% al cierre de 2013, “muy por encima de lo exigible desde el punto de vista regulatorio”.
El sindicato, que encargó un informe económico a GBC Consultores para refutar los argumentos de Liberbank, destaca del mismo modo que la morosidad se situó en el 10%, tres puntos por debajo de la media del sector, y que la ratio de eficiencia alcanzó el 48%, también por delante de la media.
CSICA, que ha solicitado que se declaren nulas las medidas acordadas y se condene a la empresa a reponer a los trabajadores las condiciones y la situación previa a la aplicación de las medidas que se impugnan, destaca también la postura de la Fiscalía.
El fiscal, en su escrito de conclusiones provisional, tras conocer todas las pruebas presentadas en el juicio, manifestó que posiblemente podría haber indicios de una posible violación de derechos fundamentales de los sindicatos no firmantes del acuerdo, dado que de nuevo la empresa mantuvo una negociación paralela con los sindicatos firmantes, obviando al resto y, además, fuera de mesa.
