La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que admita a trámite la querella presentada por un grupo de 60 inversores contra la familia Ruiz-Mateos. Se les acusa de presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores, según informaron fuentes de la Fiscalía a Europa Press.
La querella fue presentada por los bufetes Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, contra el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y siete sociedades del ‘holding’, en la que se les exigen cerca de 10 millones de euros por las inversiones en pagarés del grupo empresarial.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, deberá ahora pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella a la que se podrán adherir los demás inversores, que se cifran en cerca de 5.000.
El informe de la Fiscalía pone de manifiesto la «opacidad» de la estructura de Nueva Rumasa, que «podría alcanzar un mínimo de 147 empresas que funcionan conforme a un principio de caja única y actúan bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones».
Los fiscales confirman que el grupo alimentario tiene, al menos, 27 sociedades radicadas en Belice, 4 en Holanda y 2 en Panamá. Sin embargo, informan de que el pasado 13 de noviembre se acordó el archivo de la investigación abierta por presuntos delitos fiscales para limitarse a la captación de ahorro de 4 sociedades.
