Los sindicatos perfilan sus estrategias tras la profunda reestructuración vivida por el sector en los últimos cuatro años. Esta semana se ha constituido la comisión negociadora del convenio colectivo de ahorro que afectará a cerca de 80.000 trabajadores de las antiguas cajas de ahorros. Tras las recientes elecciones sindicales, CCOO ostenta la mayoría, seguida de CSICA, UGT, CIG, CIC y otros sindicatos de menor tamaño.
El convenio que comienza ahora a negociarse afectará a los empleados de los bancos de las antiguas cajas: CaixaBank, Bankia, Ibercaja –cuyas elecciones se celebraron la semana pasada -, Unicaja, Ceiss, Abanca, Liberbank, Banco CCM, BMN, CajaSur, CatalunyaCaixa, y Cecabank. Por supuesto, también a las entidades que aún conservan el estatus de cajas, Caixa Pollença y Caixa Ontinyent.
Tras la fuerte concentración vivida por las cajas en los últimos años (se han pasado de 45 entidades a 14) y el consiguiente recorte laboral (unos 35.000 despidos en el sector), los sindicatos se sientan a la mesa de negociación con varias líneas rojas que intentarán que no sean traspasadas. La próxima reunión de la mesa negociadora se celebrará el próximo 12 de febrero.
Según señala CCOO en una circular, una de las premisas de las que parte es la “creación de empleo”. El sindicato considera que es el “primer y más importante objetivo tras la intensa reestructuración laboral vivida”, con la intención de restar “presión y cargas de trabajo a la plantilla actual”. En la misma línea, la formación defiende “incrementos salariales netos, generalizados y recuperando poder adquisitivo”.
CCOO también parte con el objetivo de “mejoras en la jornada laboral”, que permitan “avances en conciliación y en igualdad de oportunidades”, así como una evaluación de los riesgos psicosociales y puesta en marcha de medidas correctoras.
La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) ya adelantó hace dos semanas que va a reclamar en la nueva negociación la recuperación del “poder adquisitivo perdido en las tablas salariales del pasado convenio, debido a la crisis del sector, y una vez que las entidades ya están saneadas”.
Según los cálculos de UGT, en los últimos cuatro años en los que ha estado vigente el actual convenio, la pérdida del poder adquisitivo en las tablas salariales ha sido del 7,3%, resultado de la diferencia del IPC con lo firmado en el acuerdo estatal, a lo que se debe añadir los sacrificios salariales que en cada empresa tuvieron que pactarse durante los expedientes de regulación de empleo (ERE) sufridos en el sector.
Las ‘horas extra’ ilegales, que se han convertido en una práctica habitual en muchas entidades tras los mencionados ERE, serán otro de los caballos de batalla de FeS-UGT, que pedirá que se garantice el respeto de la jornada máxima anual. Con esta medida pretende poner fin a las prolongaciones ilegales de jornada, que suponen según sus cálculos casi 15.000 empleos en el sector financiero.
Para el sindicato hay que regular los horarios de carácter general así como los “horarios singulares”, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los sistemas de control de asistencia.
