En una carta dirigida al director gerente del Hospital Clínico San Carlos, José Soto Bonel, Mats advierte que con esta práctica está «contribuyendo al desmantelamiento de la sanidad pública y «poniendo en peligro la seguridad y salud de los pacientes y trabajadores de forma totalmente irresponsable y gratuita, unas veces por acción y otras por omisión».
Entre otras, se recuerda el despido en marzo de 336 trabajadores, cerrar «más camas y quirófanos» y «contratar menos sustituciones en verano que otros años», y todo ello cuando ya se había anunciado que el cierre de Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) «iba a ser definitivo» y eso llevaría más cargan en las Urgencias, y con unas listas de espera disparadas y un aumento de los contagios con Covid entre la población.
Como responsable de este centro, le han recordado en la misiva, tiene «la obligación» de garantizar la seguridad de los trabajadores «para preservar la de los pacientes».
Frente a ello, el centro hospitalario cuenta con unas Urgencias «colapsadas», donde los pacientes ambulantes esperan una media de 7 a 9 horas para que se les emita un diagnóstico y hay familiares que esperan más de once para recibir información médica de un familiar. «La Sala de Agudos, con capacidad para 30 pacientes, mantiene de media entre 45 y 55 diarios, con esperas de ingresos de más de 24 horas y donde algún paciente ha llegado a fallecer esperando ingreso», le indica.
Mats continúa relatando ese «colapso» genera «tal desconcierto» que se llega a trasladar a pacientes en ambulancia a su domicilio de madrugada, teniendo que volver al hospital porque no hay nadie en su domicilio. «En el resto de Servicios, la mayor carga de trabajo entre los trabajadores sanitarios (que en muchas casos llevan el doble de pacientes de los recomendados) «está provocando una demora de la atención sanitaria que aumenta la conflictividad de pacientes y familiares con los trabajadores y problemas de tipo asistencial como retrasos en las ingestas, aseos, etc. y donde se solo se pueden garantizar unos cuidados básicos», reseña.
Unas condiciones cuyo resultado final ha sido de 283 trabajadores contagiados de Covid-19 en junio dentro del centro, 14 o 15 pacientes de media atendidos por cada profesional cuando lo habitual son ocho o nueve, alta rotación de trabajadores «donde hay días que en un runo todos son nuevos poniendo en riesgo el funcionamiento del servicio y el de los propios pacientes». En resumen, una «excesiva carga de trabajo» que aumenta «el estrés y la ansiedad» entre los trabajadores «con un aumento considerable del número de bajas y graves repercusiones en la salud física, pquísica y sociofamiliar y profesional de estos».
«En las UCIS ya se está proponiendo el aumento de ratios en enfermería por falta de plantilla y en Urgencias se han reducido presencias físicas teniendo que atender más pacientes. En todos los servicios se está proponiendo desde hace días doblajes de jornadas al personal sanitarios, vulnerando los acuerdos de jornadas y descansos, lo que provoca que cada vez se deban más días libres a los trabajadores (en una de las UCIS del centro ya se deben 1.000 jornadas a los trabajadores)», ha añadido.
Como punto final, además, reclaman al gerente del centro que frene «desde ya» los comportamientos «autoritarios de determinados jefes o mandos intermedios» que «mediante insinuaciones o intimidaciones» presionan a los trabajadores para que realicen doblajes de jornadas, renuncien a sus días libres o se incorporen lo antes posible al trabajo cuando se encuentran de baja laboral.
Ante todo ello, han subrayado, reclaman la contratación de «personal suficiente», necesario para garantizar la seguridad y salud de pacientes y trabajadores, además de abrir «todas las camas y quirófanos que sean necesarios para descongestinar las Urgencias, reducir las listas de espera y dar una asistencia de calidad», además de hacer «atractivo» el centro para que los trabajadores quieran quedarse en él. «Es su obligación y un derecho de pacientes y trabajadores».
