El Colegio de Pequeño Derecho, que agrupa a los autores de canciones en la SGAE, no consigue fijar unos objetivos comunes desde la polémica salida de Teddy Bautista de la institución. La decisión adoptada por la Junta Directiva de la SGAE de votar a favor del despido de su secretario general Pablo Hernández, pero sin que el cese tuviera carácter disciplinario ha abierto una crisis en la institución que pone de relieve las divisiones existentes entre los ‘junteros’ del Colegio de Pequeño Derecho, en el que se agrupan los autores de canciones.
Hernández fue despedido a raíz de unas informaciones periodísticas en las que se ponía de manifiesto varias actuaciones irregulares de este alto directivo de la sociedad de gestión que, según estas noticias nunca desmentidas por el interesado, hasta llegó a cobrar facturas a través de una sociedad cuya administradora única era su esposa para esconder los posibles conflictos de intereses derivados de sus actos.
Aunque la lista de presuntas irregularidades es amplia la que ha tenido más impacto, y puede tener un recorrido legal desfavorable para toda la Junta, es su trabajo como asesor de Blas Herrero y Kiss FM, en el pleito que sostuvo contra Onda Cero y que le permitió embolsarse 205 millones de euros.
Atresmedia, actual propietaria de Onda Cero estaría estudiando emprender acciones legales contra la SGAE por este asunto, según algunos medios. Además un socio ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid una querella criminal contra Hernández que, de rebote puede implicar a la actual Junta Directiva.
Decisiones
Sobre todo tras haber tomado dos decisiones incomprensibles para muchos socios. Una ese cese sin implicación disciplinaria del que hablábamos antes. Y otra, que se votó antes que esta, la aprobación de una indemnización en diferido para Hernández de 500.000 euros si era cesado. Un dinero que ahora podría cobrar.
El hecho de que la votación fuera secreta y se saldará con un resultado ajustado, 19 a 16, implica que algunos ‘junteros’ del Colegio de Pequeño Derecho votaron a favor de los intereses de Hernández.
Algunos socios intentan conocer las identidades de los responsables de esta ‘traición’. Y circulan algunos nombres ‘sotto voce’ de, al menos dos compositores de canciones que habrían seguido las directrices de los partidarios de cesar a Hernández pero dejarle cobrar.
La tensión ha llegado a tal punto que José Miguel Fernández Satrón, el vicepresidente de la entidad en representación de este colegio, ha publicado un ‘post’ en el blog de DOM, grupo en el que asocian los antiguos miembros de su candidatura presidencial en el que asegura que el votó en contra de la opción favorable a Hernández.
Acosta
Además, revela que el actual presidente de la sociedad de gestión José Luis Acosta, que cada vez lo tiene más difícil para seguir en el cargo tras la próxima Asamblea General de junio, también se posicionó en contra de que el secretario general cesado pudiera cobrar su indemnización.
Mientras tanto, algunos miembros descontentos del Colegio de Pequeño Derecho, se estarían moviendo para superar las divisiones y plantear una ofensiva común, destinada a lograr la convocatoria de unas nuevas elecciones, toda vez que el actual presidente no llegó a ganar las anteriores.
Ocupa su puesto tras la salida, en julio del pasado año de Antón Reixa que se marchó entre sospechas de corruptelas relacionadas con la gestión de su equipo. Y esta misma semana se ha sabido que uno de ellos, Antonio Ruiz Onetti, el presidente de la Fundación y encargado de realizar la desinversión en la red de teatros de Arteria deja su cargo por motivos personales.
Un extremo del que dudan algunos socios que más bien relacionan su salida con algunos puntos oscuros del contrato que la SGAE firmó con Thesan capital, filial del banco Nomura, para que gestionara venta de los teatros.
Thesan es una firma con un curioso historial, que presidió hace unos años el esposo de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, según algunas informaciones periodística en las que también se afirma que durante su periodo al mando de la empresas esta contrató los servicios de la polémica agencia de detectives Método 3, implicadas en varios casos de presuntas escuchas ilegales a políticos catalanes.
