La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido retomar su actividad habitual tras haber renunciado por carta “a la utilización del máster” de la Universidad Rey Juan Carlos. Al término del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes ha insistido en que no cometió “ninguna ilegalidad” y que no se plantea dimitir.
“Tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente, por supuesto”, y ha añadido que comparte “al 100% que algunos miembros consideren que hay que estar a lo que diga la Justicia, porque es lo que yo he dicho también”. Responde así a las declaraciones de Javier Motoro, vicesecretario del PP, que esta mañana atacaba a miembros de otros partidos que han reconocido falsear sus expedientes y pedía su dimisión por «mentir».
«Yo voy a hacer lo que he hecho siempre: estaré a lo que mi partido diga. Pero yo objetivamente no veo motivo para la dimisión«, ha expresado, «más allá de las motivaciones políticas» de la oposición. «Reitero que estaré siempre a lo que diga mi partido, como lo he hecho toda mi vida».
Cifuentes asegura que la decisión de renunciar al uso del título presuntamente falsificado no es un pacto con Rajoy sino “una decisión exclusivamente personal”: “Porque yo ese máster ya no lo quiero, sinceramente”, ha expresado, volteando un escenario en el que ella es ahora la víctima de una burocracia «irregular».
La presidenta ha evitado responder a las preguntas sobre si realmente defendió su Trabajo Fin de Máster el 2 de julio de 2012. Cifuentes se escuda en que todas las irregularidades son culpa de la universidad, principalmente la falsificación del acta que su gabinete presentó a la prensa tras destaparse el escándalo y que resultó ser una falsificación.
Responsabiliza al rector de “hechos francamente incomprensibles” como abrir una investigación interna tras facilitarle un documento falseado y reitera que ya no quiere tener esa titulación.
“Creo importante que yo me comunicara con el rector para que le constaran oficialmente algunas cuestiones llamativas, como que sin haberlo pedido el rectorado nos remitiera un acta que luego ha resultado ser falsa, y que 15 minutos después se abriera una investigación interna”.
Y va más allá: considera que ha habido «una violación clara de la ley de protección de datos, una intromisión clara en los datos personales de cualquier alumno, y quiero que la URJC profundice en qué personas de qué manera han podido acceder de manera no autorizada a un expediente académico e incluso si se ha podido manipular».
