La Junta manifiesta en su escrito de contestación “la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento”, ya que “el Estado pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas, el dictado de actos o resoluciones, o cualquier tipo de instrumento jurídico, cuya existencia se niega rotundamente”.
Así lo detalla en una nota en la que recoge que “otro de los fundamentos que justifican el rechazo” a la solicitud del Gobierno “es que, dado que no hay un hecho impugnable, se incumple el requisito que exige un requerimiento de esta naturaleza, que es que ‘se especifiquen con claridad los preceptos de la disposición o puntos concretos de la resolución o acto viciados de incompetencia’”. “Algo que no ha podido hacer el Gobierno porque no existe acto alguno que impugnar”, asegura.
Asimismo, destaca que el Consejo de Ministros ha planteado un requerimiento “por un conflicto constitucional de competencias cuando ni siquiera discute ‘la titularidad de la competencia’, sino su ‘hipotético ejercicio’ por parte de la Administración autonómica”. “Por tanto”, continúa la Junta, “la falta de presupuesto para la jurisdicción reservada al Tribunal Constitucional conlleva necesariamente la inadmisión del presente requerimiento”.
Según el Ejecutivo de PP y Vox, el requerimiento de Moncloa “sólo se entiende desde una voluntad torticera y espuria ya que, de forma proactiva e inmediata”, la Junta, “a través de su presidente y del consejero de Sanidad –competente en la materia–, habían dado respuesta y explicaciones a las solicitudes del Gobierno, negando la existencia de ningún acuerdo que contraviniera la Ley”.
“Este requerimiento sólo se justifica en la búsqueda de una ‘controversia política’”, incide, “pretendiendo mantener en el tiempo una situación de conflicto público interadministrativo con fines políticos por el momento preelectoral en el que se produce”.
