El juicio por estos hechos ya se suspendió el pasado martes por la incomparecencia del abogado del político, que el día anterior pretendió que la juez lo suspendiera, sin éxito, alegando que tenía un señalamiento previo, y este jueves ha ocurrido otro tanto tras recibir ahora la juez un escrito del procurador del presidente de la Diputación de Ourense en el que volvía a reclamar la suspensión de la vista señalada y manifestaba su voluntad de no comparecer en el día de hoy.
Por tanto, el juicio rápido previsto no ha podido celebrarse, si bien, tras lo ocurrido, el Juzgado volverá a efectuar un nuevo señalamiento, reservándose la posibilidad de imponer las sanciones que correspondan, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.
El dirigente popular fue multado con 600 euros–300 por pronto pago– y le fueron retirados seis puntos del carné de conducir, si bien a la vía administrativa se suma ahora la penal al haber excedido, presuntamente, en 84 kilómetros el límite de la vía, tal y como establece el atestado de la Guardia Civil, que aplica un margen de error del 5% en este caso al haber sido ‘pillado’ Baltar en el coche oficial por un radar fijo.
El artículo 379 señala que el delito contra la seguridad vial está castigado con pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.
Días después de lo ocurrido, Manuel Baltar, al frente de la Diputación ourensana desde 2012, pidió disculpas y lo atribuyó “un despiste acontecido en una larga recta de la A-52, sin referencias de ningún tipo” y aseguró ser la primera persona en lamentar las consecuencias de una situación dolorosa para él, “derivada de un error aislado pero que no es, desde luego, adecuada”.
Hasta el momento su propio partido, a través de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha evitado avanzar si le serán exigidas responsabilidades políticas en caso de resultar condenado por un delito contra la seguridad vial debido a su exceso de velocidad, y todo ello tras abogar por no adelantarse a “ninguna decisión judicial” y para evitar hacer “juicios paralelos”.
