Este movimiento está liderado por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (CONFAVC), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB). Entre sus exigencias, que se aborde ya la “grave crisis de vivienda que sufren nuestras ciudades” y se combata la especulación y gentrificación que “castigan nuestros barrios”.
Así lo expusieron este lunes en un acto en el Colegio de Periodistas de Cataluña, donde presentaron la citada ‘Declaración de Barcelona’, que está respaldada por asociaciones y federaciones vecinales de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Zaragoza, Valladolid, Valencia, Murcia, Gijón, Córdoba, Vigo, Elche, Bilbao y A Coruña.
“El Derecho a la Vivienda va más allá de disponer de una Ley”, afirman. Tal y como defienden, “debe garantizarse como un derecho fundamental en nuestra Constitución y como pilar del estado de bienestar en nuestro país, impulsando reformas más profundas y comprometiendo inversiones importantes”.
La citada declaración contempla reclamar al Gobierno central que “se empiece a aplicar la Ley de Vivienda a las comunidades que ya hayan declarado las zonas tensionadas”. “Esto implica”, explican estos colectivos, “definir ya el índice de precios de referencia que indica la propia ley”. Asimismo, piden a las comunidades autónomas “que todavía no lo hayan hecho que declaren las zonas tensionadas para poder activar los beneficios de la presente ley”.
“Que se impulsen proyectos de vivienda pública o protegida en todas aquellas ciudades que tienen suelo edificable y se amplíe la compra directa por tanteo y retracto en zonas urbanas sin suelo, elevando la inversión pública en materia de vivienda al 2% del PIB”, son otras de sus propuestas. Además, “que se impulsen ayudas a la rehabilitación en barrios vulnerables hasta alcanzar una tasa del 3% anual y que se vinculen a la cesión de privada a pública en los casos necesarios”.
“Prohibir la venta en el mercado privado de suelo e inmuebles públicos”, la “eliminación de las exenciones fiscales de socimis y sicavs el sistema Golden Visa” o la “regulación de los alquileres de uso turístico, temporal y usos comerciales”, son otras de sus demandas.
