En un comunicado, Amnistía Internacional ha mostrado su «preocupación» por las condiciones del periodista arrestado a 13 kilómetros de la frontera de Ucrania «cuando se encontraba realizando su trabajo informativo». Según ha recordado, González fue acusado de espionaje y se encuentra «recluido en régimen de aislamiento» desde el 28 de febrero de 2022.
Aunque ya puede tener «contacto regular» con su abogado y ha sido visitado por el cónsul español en Polonia, la organización ha denunciado que «no contó con asistencia letrada de oficio hasta 16 días después de su detención» y tampoco tuvo un abogado de libre elección «hasta dos meses después».
Asimismo, ha advertido de que «todavía hoy no se le permite tener un contacto directo y regular con su familia, ni siquiera por teléfono o videollamada», de modo que «solo se le ha permitido tener una visita de su esposa en noviembre de 2022».
Desde Amnistía Internacional han destacado que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos establecen que «toda persona debe ser informada a la mayor brevedad posible de los motivos de su detención, así como de todos sus derechos para poder impugnarla».
Además, han precisado que «las personas acusadas de delitos penales no deben, por regla general, permanecer bajo custodia a la espera de juicio», sino que «reconocen explícitamente la puesta en libertad de la persona estando sujeta a garantías para comparecer en el juicio como la libertad bajo fianza o la obligación de presentarse ante las autoridades».
La organización ha remarcado que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos afirman que el derecho a la asistencia letrada «se configura, además, como un derecho a una representación efectiva y no solamente a la mera presencia de un abogado».
«Los abogados defensores, incluidos los de oficio, deben actuar con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y con las normas y principios éticos de la profesión jurídica. El acceso a asistencia letrada en las primeras fases del proceso y de la investigación judicial es especialmente importante para garantizar un proceso con las debidas garantías», ha incidido.
Por otro lado, ha precisado que las personas bajo custodia tienen derecho a notificar a un tercero que han sido arrestadas y dónde se encuentran recluidas. De este modo, ha añadido, «los detenidos tienen derecho a acceder sin demora a sus familiares, abogados, médicos, a un funcionario judicial y, si el detenido es extranjero, a personal consular o a una organización internacional competente».
Según han subrayado desde Amnistía, «los derechos de los detenidos a comunicarse con el mundo exterior y a recibir visitas son salvaguardias fundamentales contra las violaciones de derechos humanos, incluida la tortura u otros malos tratos y la desaparición forzada».
Así, las personas detenidas, incluidas los que se encuentran bajo custodia policial o en prisión preventiva a la espera de juicio, deben recibir «todas las facilidades razonables para comunicarse con sus familiares y amistades y recibir visitas de ellos». En el caso de Pablo González «no se habrían cumplido estas condiciones» por parte de las autoridades penitenciarias, han denunciado.
Por último, ha advertido de que negar las visitas puede equivaler a «un trato inhumano». «El Tribunal Europeo ha reconocido que las leyes o reglamentos insuficientemente precisos que permiten restricciones no razonables de las visitas familiares violan el derecho a la vida privada y familiar», ha explicado.
Amnistía Internacional ha escrito al Fiscal General polaco para expresar estas «preocupaciones» sobre las condiciones de reclusión de Pablo González y pedir que «sea puesto en libertad antes del juicio», sin recibir respuesta. Asimismo, está en contacto con los familiares y abogados del periodista español, a cuya disposición se ha puesto para defender los derechos humanos del acusado, y también con las autoridades españolas.
