El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea autonómica ha presentado este martes una enmienda a la totalidad a la Ley de Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid porque “no mejora la vida de los madrileños ni rebaja sus impuestos”. Así lo afirma la formación en un comunicado, recoge Europa Press, porque entiende que Vox defiende la bajada de impuestos para todos los españoles, “sin distinción entre autonomías”.
“La nueva Ley de Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid no contribuye en absoluto a mejorar la vida de los madrileños y, además, ahonda en las desigualdades entre autonomías contra las que Vox lucha cada día”, sostienen los de Rocío Monasterio.
No obstante, el partido recuerda que ha apoyado a Isabel Díaz Ayuso tanto en su investidura como en los Presupuestos de 2022 y que respaldará “cualquier acción dirigida a reducir los impuestos de los madrileños y rechazará cualquier subida de impuestos pretendida por el Gobierno de Sánchez”.
Pese a esto, Vox deja claro que no ratificará una norma “que agrava las diferencias e injusticias entre españoles, que quiere petrificar el modelo fiscal autonómico, enfrentar a las regiones y a las autonomías con el Estado y congelar la acción parlamentaria futura”. “Vox no va a colaborar para que Madrid se convierta en una Comunidad independentista. Por eso apoyará cualquier acción que reduzca el gasto político superfluo para poder destinar los recursos a lo verdaderamente necesario”, reitera la formación, insiste la formación, según la mencionada agencia.
“Blindarse ante subidas estatales de impuestos”
El pasado 19 de enero el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó el anteproyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera para “blindar su política económica y fiscal de la que prepara el Gobierno de España y que supondrá una subida de impuestos generalizada a los ciudadanos”. “El objetivo”, detalló en una nota, “es proteger los derechos reconocidos en esta materia a la región a través de la Constitución española y su Estatuto de Autonomía”.
Así, la región “podrá salvaguardar el ejercicio de su autonomía financiera, tanto desde la vertiente de los gastos como de los ingresos, imponiendo a los poderes públicos regionales su defensa de cualquier intento de menoscabarla”.
En este sentido, se obliga a la Asamblea de Madrid y a los órganos superiores de Gobierno y Administración autonómica “a reaccionar con todos los mecanismos a su alcance en la legislación nacional, europea o internacional, ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de Ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de la región”.
“La norma regulará la autonomía de ingresos, concretada en la capacidad del Ejecutivo madrileño para regular y ejecutar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado. También se reglamenta la autonomía de gasto de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria”, explicó el Gobierno de Ayuso. Además, con esta norma la Comunidad de Madrid “se dota de un nuevo instrumento jurídico que le permitirá salvaguardar sus competencias en materia tributaria y hacer frente a una denominada armonización fiscal”.
