Así lo ha anunciado su diputado Rafa Mayoral en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso, en la que no ha querido pronunciarse acerca de una posible prórroga o no del vigente estado de alarma. Sí que ha asegurado que “la protección social se tiene que ampliar de manera ineludible” y que, a su juicio “debería ser un acuerdo compartido con todos”.
Entre estas medidas, ha citado la protección contra los desahucios y la prohibición de cortes de suministros, destacando cómo la vivienda y sus garantías son “elemento central como refugio ante la pandemia y la crisis económica”.
Gestión del ‘banco malo’
Por otro lado, Mayoral también ha informado de la solicitud de información a la Sareb, el conocido como ‘banco malo’, que el pasado noviembre remitió al grupo confederal a la Comisión de Seguimiento de esta entidad. Esta comisión está dirigida por Asuntos Económicos y en ella están presentes también Hacienda, el Banco de España, la CNMV y el Banco Central Europeo.
Concretamente, según el escrito de Unidas Podemos al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo confederal pide información sobre cuántos procedimientos de reclamación judicial hay abiertos sobre viviendas de la Sareb, la situación social de los vecinos, qué mecanismos de resolución extrajudicial utiliza, la evolución de la situación social de las personas que viven en sus viviendas y cuántas viviendas ha puesto a disposición durante la pandemia.
Y es que, tal y como ha señalado Mayoral, los acuerdos alcanzados recientemente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con la Sareb para ampliar el parque público de alquiler “no vienen a ser más que la confirmación de lo que había acordado durante el año pasado”. “Queremos información concreta de cómo se va a producir esa cooperación con las administraciones”, ha dicho.
Investigación a Idealista
Por otro lado, Unidas Podemos se ha dirigido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recabar más información acerca del expediente sancionador abierto contra una serie de inmobiliarias y portales inmobiliarios, entre ellos Idealista, hace ya más de un año, en febrero de 2020.
Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo confederal pide el estado actual de las investigaciones iniciadas por el supervisor de los mercados, así como la motivación de la apertura de este expediente dirigido contra las empresas CDC Franquiciadora Inmobiliaria; Look & Find primera red inmobiliaria; Aplicaciones Inmovilla; Idealista; Witei Solutions; Anaconda Services and Real Estate Technologies; y Servicio Múltiple de Exclusivas Inmobiliarias (MLS).
Mayoral ha explicado que este procedimiento demuestra que «no hay libertad de mercado, sino que es necesario la intervención de lo público para regularlo e intentar impedir que los monopolios privados impongan precios».
“Lo que nos viene a plantear la CNMC en este expediente es que hay operadores que tienen capacidad de imposición de precios”, ha subrayado el diputado de Podemos, que ha incidido en que la propia Constitución llama a “impedir la especulación” en su artículo reservado al derecho a una vivienda digna.
