De ellas, 30 son de carácter de aplicación inmediata y encaminadas a prestar atención a reclamos de los propios productores estatales, cooperativistas y privados, así como incentivar una mayor presencia de alimentos.
A no pocos televidentes nos sorprendió la intervención de Jorge Luis Tapia Fonseca (57 años), vice primer ministro, una figura bastante desconocida de cara a discursos e intervenciones públicas, graduado de Economía y con amplia labor en el partido comunista en provincias.
Tapia Fonseca, en su comparecencia televisiva para dar a conocer las amplias modificaciones a la estructura agropecuaria de la isla, empleó términos que llamaron la atención como ese de “menos reuniones y más visitas al surco”. Y refiriéndose a las empresas estatales, “el que no pague, no puede comprar”, en referencia a las deudas millonarias que en la actualidad esas empresas tienen con los productores.
Para implementar el ambicioso plan, aprobado también por el Buró Político, han sido creados siete grupos de trabajo que incluyen desde la estructura hasta el financiamiento, inversión e inversión extranjera hasta el fortalecimiento de las comunidades agropecuarias.
Como aspectos sobresalientes se destacan que el productor, una vez cumplidos los compromisos estatales, estará en libertad de comercializar su producción. De igual forma, otras posibilidades que incentiven su labor con al apoyo del gobierno, los centros de investigación, la banca y el seguro y donde resaltan las nuevas posibilidades de comercialización de la leche, sus derivados y las carnes de diversos orígenes, entre otros renglones alimenticios.
Después de aquellas decisiones anti latifundistas de principios de la revolución de 1959, el actual programa podría considerarse como el más sensato de estos tiempos de embargo o bloqueo, crisis económica, pandemia con alarmantes niveles de contagio y muy serios problemas con la alimentación.
Pero, además, una estocada mortal al exceso de centralismo, control y burocracia.
