Un inspector del BCE dice al juez que parte de las deficiencias del Popular se debían a debilidades del control interno

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Banco Popular. Autor: Jaime Pozas

Jesús Fernando Martínez Usano, el inspector del Banco Central Europeo (BCE) que se encargó entre otras cuestiones de verificar la clasificación contable del Banco Popular, ha explicado este jueves al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que gran parte de las deficiencias de la entidad se debían a una debilidad de los controles internos de tratamiento de riesgos.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, en su declaración como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, Usano ha reconocido que esa fue una de las conclusiones a las que llegaron en el informe sobre riesgo de crédito que elaboraron en 2016, y que ha centrado todo el interrogatorio.

En esta línea, el inspector ha reconocido que esos fallos en los controles del banco no fueron incluidos en el citado documento porque, pese a detectar debilidades, el equipo encargado de la revisión no contaba con los medios adecuados para tratarlo con la minuciosidad requerida.

Después de que Usano asegurase que al banco le faltaban cantidades importantes en provisiones, el juez le ha recordado que en la carta que enviaron al Popular después de la inspección para que regularizase y corrigiese las deficiencias solo se incluían unas recomendaciones y no un requerimiento.

El inspector se ha desmarcado en ese punto de la decisión, que ha achacado a la dirección general, la encargada de realizar el trazo ejecutivo. Calama, según las fuentes consultadas, se ha mostrado especialmente suspicaz con esa decisión afirmando que la diferencia entre recomendar y requerir es que, en este último caso, un incumplimiento habría llevado aparejado el pago de una multa.

EL JUEZ ELOGIA LA CLARIDAD DE SU INFORME

No ha sido el único desencuentro entre el magistrado y Usano. Las preguntas del Ministerio Fiscal han provocado que Usano se mostrase un poco esquivo, lo que ha llevado al juez a reprenderle y recordarle que tenía la obligación de responder a las preguntas y decir la verdad.

Sin embargo, y a pesar de un par de enganchones puntuales, el propio Calama habría elogiado el trabajo que el inspector realizó en el informe de 2016, felicitándole por su claridad y su concreción.

A preguntas del juez, que ha leído extractos del informe para cerciorarse de que Usano se ratificaba en los mismos, el inspector ha dado detalles de cuál fue el «enfoque» que trataron de lograr con su inspección, centrando el tiro en la cartera de créditos de la entidad.

EL INFORME, A PARTIR DE UNA MUESTRA «OPINÁTICA»

Para la elaboración de ese documento, según ha relatado, cogieron una muestra «opinática». Es decir, que la misma no era aleatoria ni proporcional, sino que buscaban acreditados que pudieran ser «sospechosos».

En concreto, lo que hicieron fue recopilar 100 acreditados que tuvieran parte refinanciada o aquellos que considerasen que podían dar problemas. Tras reconocer que la búsqueda se realizó con un sesgo, Usano ha señalado que eso es lo que hizo que señalase que sus conclusiones no eran extrapolables cuantitativamente al resto de la cartera.

Pero, además, Usano también ha sido preguntado en sede judicial por la ampliación de capital de 2016, asegurando que no estaba al tanto de la misma y que se enteró por la prensa.

SU DECLARACIÓN CONTINUARÁ ESTE VIERNES

Su declaración, que se ha extendido por espacio de más de 3 horas, continuará este viernes a partir de las 09.00 horas. Previsiblemente, en su testifical se seguirá abordando el citado informe de 2016 y, además, se entrará al detalle del que elaboró posteriormente, en 2018.

El magistrado consideró esencial escuchar su testimonio como jefe de equipo en dos misiones que se realizaron desde el BCE, y que tenían como objetivo verificar la dotación de provisiones de una muestra de 100 prestatarios reestructurados o refinanciados seleccionados con un criterio determinado así como la correcta clasificación contable una cartera de activos adjudicados en pago de deudas.

«Su equipo examinó una muestra significativa de prestatarios reestructurados/refinanciados con objeto de determinar su correcta clasificación contable y la adecuada dotación de provisiones. También se examinó una cartera relevante de activos adjudicados. Su testimonio podrá aportar datos sobre la política de gobernanza de riesgos del Banco Popular», aseguró el juez en el auto en el que fijó su comparecencia.

Calama ha tomado declaración a Usano después de escuchar la pasada semana a otro inspector del BCE, Manuel Caro Jiménez, jefe del equipo de inspección continuada que supervisó el Banco Popular, entre noviembre de 2013 y el 3 de noviembre de 2014 desde el Banco de España.

El testimonio de Usano era, si cabe, más relevante que el del propio Caro, en tanto que el primero vivió el final y las conclusiones de la inspección al banco, mientras que éste último tan solo estuvo presente en el inicio.

En esta causa, el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.