Esta es una de las conclusiones de esta investigación a cargo de Josep M. Tamarit, de la UOC; Noemí Pereda, de la UB, y Gema Varona, de UPV/EHU, que se ha presentado este lunes 28 de junio en la ‘Jornada sobre abusos sexuales de menores en instituciones religiosas: respuestas restaurativas desde la victimología’, que se ha llevado a cabo en el auditorio del Centro Carlos Santamaría de la Universidad del País Vasco, en San Sebastián.
Este trabajo ha sido desarrollado entre 2018 y 2021 y ha contado con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, incluyendo fondos europeos. Cuenta con investigaciones cuantitativas y cualitativas de las que se concluye la mayor afectación a hombres, sin perjuicio de incluir un apartado específico con perspectiva de género sobre la «invisibilidad de la victimización femenina».
Entre sus conclusiones, el informe documenta un «profundo y duradero» daño sufrido por las víctimas, tanto en lo que respecta al delito padecido como a la «victimización secundaria» o al daño añadido por una respuesta institucional «tendente, muchas veces, a ocultar, silenciar, confundir y, en ocasiones, culpabilizar a las víctimas».
A esto se suma, según concluyen los investigadores, el hecho de que, a veces, estas víctimas eran niños y adolescentes en situaciones ya agravadas de exclusión, desventaja social o discapacidad.
CLÉRIGOS QUE CONOCÍAN LA VULNERABILIDAD DE LAS VÍCTIMAS
En este sentido, la investigación muestra que los abusos sexuales fueron cometidos, mayoritariamente, por clérigos que conocían las experiencias previas de malos tratos que presentaban las víctimas y, así, su extrema vulnerabilidad y la inexistencia de un contexto protector.
«La investigación sobre el modo en que la Iglesia católica ha reaccionado ante la aparición de casos de abuso refleja que ha habido diversidad de actitudes. La que ha predominado en muchos países ha sido de carácter defensivo, basada en la negación o la minimización del problema», ha aseverado Tamarit, el coordinador del proyecto e investigador principal del grupo Sistema de Justicia Penal (VICRIM) de la UOC.
En este sentido, ha precisado que «cuando ha sido imposible negar la existencia de casos de abuso, la respuesta oficial ha tendido a presentarlos como hechos aislados o a centrar las explicaciones en la búsqueda de las causas individuales, atribuyendo los abusos a rasgos psicopatológicos de los abusadores y obviando la posible influencia de causas de tipo ambiental o estructural».
El proyecto también aborda las causas estructurales del abuso sexual en instituciones eclesiásticas españolas e identifica aspectos como «el poder clerical, el perfeccionismo moral, la concepción de la sexualidad, el secretismo, la soledad o la idea del pecado y del perdón» como factores de riesgo.
Asimismo, un aspecto encontrado es la «instrumentalización» de las víctimas y el hecho de «priorizar la reputación institucional» por encima de los derechos individuales de los entonces menores.
Igualmente, los investigadores señalan que el derecho canónico, recientemente reformado, «no ha considerado durante mucho tiempo» los derechos que las víctimas deben tener en los procedimientos para revisar los casos. En ellos, según recuerdan, citando la normativa internacional, debe asegurarse la especialización para tratar los temas de victimización sexual, así como la imparcialidad y la protección a las víctimas, sin por ello mermar la presunción de inocencia.
REPARACIÓN MORAL Y ECONÓMICA
En este contexto, precisan que algunos programas de justicia restaurativa, para encontrar formas de reparación moral y económica a las víctimas, permiten una «responsabilización y solidaridad» con ellas que reafirma la injusticia del daño cometido. De esa forma, indican, es posible asumir responsabilidades individuales e institucionales y recuperar la confianza y la legitimidad perdidas o cuestionadas, siempre y cuando esos programas restaurativos se realicen «de manera independiente».
El proyecto, cuyos resultados se encuentran en fase de publicación en la editorial Aranzadi, ofrece modelos concretos de buenas prácticas que permiten a las instituciones, religiosas y públicas en general, así como a la sociedad civil, desarrollar respuestas de solidaridad con las víctimas con «honestidad y compromiso», dos aspectos muy valorados por ellas. Asimismo, ilustran cómo otros países se han enfrentado «con mayor éxito» a esta problemática.
NIÑOS QUE HABÍAN SUFRIDO MALTRATO
La Universidad de Barcelona, por su parte, ha descrito las características de las víctimas, mayoritariamente niños, con experiencias previas de malos tratos; la gravedad de los abusos sexuales, repetidos y con contacto físico, incluidos abusos con penetración en más de la mitad de los casos; las consecuencias psicológicas, con una mayoría de víctimas que tienen problemas cronificados de ansiedad y depresión, dificultades sexuales, de alimentación y sueño, y por último, el trauma espiritual.
Además, el informe revela que nunca se han hecho investigaciones a fondo sobre la victimización producida a lo largo de los años para poder repararla adecuadamente y facilitar un acceso uniforme de las víctimas a dicha reparación.
El pasado mes de abril, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, explicó que la Iglesia católica española ha contabilizado un total de 220 casos de abuso a menores por parte de clérigos españoles desde el año 2001.
