Los sindicatos también reclaman que el texto definitivo incorpore las enmiendas elaboradas por ellos mismos y por otras organizaciones sociales en defensa del derecho a una vivienda digna.
Tanto UGT como CCOO enmendaron el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que se encuentra en fase de elaboración de informe en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Entre las enmiendas propuestas por los sindicatos, destaca la relacionada con los incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, ya que amabas organizaciones consideran que las bonificaciones fiscales en el IRPF deben transformarse de forma que protejan «derechos de alto interés público y social» que justifiquen esa ventaja fiscal.
CCOO y UGT recuerdan que la función social de la vivienda implica reservar esa bonificación para aquellas viviendas cuyo coste de alquiler se sitúe dentro de unos niveles económicos razonables y asumibles por la población.
Ambos sindicatos también consideran que el texto debe contar con instrumentos efectivos para «asegurar la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que las habitan». En concreto, aluden al amianto y piden que ley contemple que los edificios que lo contengan estén catalogados.
Otras enmiendas presentadas por los sindicatos aluden a la necesidad de aumentar el parque público de viviendas, a la cesión de todas las viviendas propiedad de entidades con participación o control público, como la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), o la construcción de nuevas viviendas de protección oficial.
UGT y CCOO reclaman a los grupos parlamentarios la aceptación del paquete de enmiendas promovido por la plataforma «Iniciativa Ley Vivienda», en la que se integran, para que se garantice el derecho a una vivienda digna.
Respecto a la futura creación del Consejo Asesor de la Vivienda, los sindicatos defienden su carácter institucional y su presencia en él como «organizaciones sindicales más representativas».
A mediados de julio, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció que la futura Ley de Vivienda estaría aprobada «en septiembre, octubre a más tardar», una vez que se estudiaran todas las enmiendas presentadas al proyecto de ley.
El Consejo de Ministros aprobó el 1 de febrero de 2022 el proyecto de Ley de Vivienda, pese al informe preceptivo en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
