El Ministerio de Trabajo ha decidido activar un plan de inspecciones masivas en centros escolares de toda España para perseguir y sancionar la contratación fraudulenta de docentes y otro personal auxiliar que son despedidos en junio, coincidiendo con el fin del curso escolar, para volver a ser contratados en septiembre, esquivando así el pago del sueldo y las cotizaciones sociales de estos trabajadores durante el paréntesis estival, según adelanta lainformación.com.
El digital explica que fuentes que conocen los planes del Ministerio les han explicado que se va a “abordar el asunto del mismo modo que se hizo con las cárnicas o con los ‘riders’”. El objetivo de esta campaña de inspecciones será detectar los casos de contratación fraudulenta de profesionales de la Educación y obligar a los centros escolares -sean públicos, concertados o privados- a abonar a los trabajadores los salarios y cotizaciones dejados de pagar con esta práctica, llegando a establecer las sanciones que se prevean en la legislación en caso de que dichas prácticas sean reiterativas.
Recordando el mencionado medio online que el Ministerio de Trabajo ya advirtió a las comunidades autónomas el pasado mes de junio -a escasos días de que finalizara el curso escolar- de que no iba a consentir la perpetuación de esta práctica y de que actuaría contra las comunidades autónomas y los centros escolares que la aplicaran.
Aclara lainformación.com que asunto es muy dañino para las arcas de la Administración, ya que no solo resta los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales que se derivarían de las nóminas de los dos meses del parón estival, sino que generan un gasto importante ya que son los Servicios Públicos de Empleo los que cubren esas ‘vacaciones’ de dos meses.
A pesar de estas advertencias del Gobierno “entre los meses de junio, julio y agosto el sector educativo dio de baja a más de 220.000 trabajadores, según los registros oficiales de ocupación de la Seguridad Social. Este martes se conoció que el pasado mes de septiembre el sector ‘recuperó’ 53.308 trabajadores en lo que a la vista de los precedentes de otros años no es más que la primera fase de un proceso que reintegrará en el mercado de trabajo a casi el mismo número de trabajadores que se dieron de baja justo antes del parón estival.
El fenómeno no es excepcional. Se repite todos los años (y constituye un fraude en toda regla, como ha determinado el Tribunal Supremo el pasado mes de junio en una sentencia en la que calificaba como ilegal la práctica de que los profesores interinos contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar sean cesados por sus empleadores el 30 de junio, evitando el abono de las nóminas de julio y agosto. Según el criterio del Alto Tribunal, esta práctica vulnera el principio de no discriminación recogido en el Acuerdo Marco de la Unión Europea sobre el trabajo de duración determinada.
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