Así consta en un anexo del informe anual del Defensor del Pueblo que ha sido publicado este lunes y donde se recuerda que la ley vigente obliga a que las administraciones contesten a este órgano sobre la información que precisa para sus actuaciones.
“Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones. En estos supuestos, el Defensor del Pueblo puede declarar al órgano o unidad administrativa concernida de hostil o entorpecedora de sus funciones”, explica el Defensor del Pueblo en su informe.
Muchos de estos requerimientos tienen que ver con cuestiones ordinarias de los ayuntamientos o entidades locales menores como temas relacionados con urbanismo, residuos urbanos, etc, recoge Europa Press.
Por ello, las entidades prevalentes en este listado suelen ser este tipo de administraciones. Aquí, el Defensor del Pueblo entiende las carencias y falta de medios materiales y humanos de los pequeños municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar cierta información. No obstante, desde este órgano aseveran que estas dificultades no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo.
En el caso de los Ministerios, en el de Hacienda tiene que ver con la Dirección General de Tributos. Según se explica en el Anexo del Informe del organismo presidido por el socialista Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo información con motivo de la falta de contestación a una consulta tributaria.
Por su parte, en lo que compete al Ministerio de Justicia, tiene seis requerimientos, que están relacionados con los letrados de la Administración de Justicia de Collado Villalba (Madrid) y el de Alzira (Valencia) y con los registros civiles de Guadix (Granada), Melilla, San Javier (Murcia) y Vinaròs (Castellón).
En lo que tiene que ver con el Ministerio de Transportes, es en referencia a la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia.
En la Secretaría General de Universidades, el Defensor del Pueblo solicitó una ampliación de información por la demora en resolver una reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de la demora en la resolución de procedimiento administrativo de equivalencia del título español.
En lo que respecta a las comunidades autónomas, en el caso concreto de Canarias, el Defensor del Pueblo la sitúa como administración no colabora por asuntos que tienen que ver con la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y por la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud.
En el Consorcio de Vivienda de Barcelona, el Defensor del Pueblo solicitó información sobre el retraso en el inicio de las obras de rehabilitación.
En la Comunidad de Madrid, en la Dirección General de Descarbonización y Transición Energética, se solicitó información por la falta de suministro eléctrico en un edificio propiedad del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), con motivo de un incendio de origen desconocido en los contadores de luz.
El Defensor del Pueblo también solicitó al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) información sobre la falta de contestación a varias peticiones de acceso a su historia clínica.
Mientras, en la Consejería de Presidencia de Melilla, solicitó información por silencio administrativo.
