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Todo el Congreso, salvo Vox, avala el decreto de ayudas para los afectados por el volcán de La Palma

Un profesional del Consorcio de Bomberos de Tenerife vigila el avance de la colada sur en la isla de La Palma - BOMBEROS DE TENERIFE

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El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto que contiene un paquete de ayudas por un importe de casi 214 millones de euros para paliar los daños provocados por la erupción de La Palma con el apoyo de todas las formaciones políticas en la Cámara Baja, a excepción de Vox, que se ha abstenido.

Así, este decreto, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de octubre como un segundo paquete de ayudas por la erupción que comenzó el pasado 19 de septiembre, ha contado con el voto favorable de toda la Cámara, salvo un voto en contra y las 52 abstenciones de los diputados de Vox.

No obstante, el Pleno ha rechazado tramitar este decreto como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, puesto que, según han ido avanzando los portavoces de los grupos, se busca que estas ayudas lleguen con celeridad a los afectados por el volcán.

El encargado de defender la convalidación de este decreto ha sido el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que ha desgranado esta norma y ha reivindicado la actuación del Gobierno desde la erupción del volcán a mediados de septiembre.

AYUDAS DIRECTAS

En este contexto, el decreto convalidado recoge, entre otras cosas, ayudas directas en materia de vivienda a personas físicas y jurídicas para la reconstrucción de viviendas y establecimientos industriales destruidos.

Además, 63 millones irán destinados a un ‘Plan extraordinario de formación y empleo’ para los habitantes de La Palma, que tendrán también un año de moratoria y sin intereses para las cotizaciones y se permitirá el rescate anticipado de planes de pensiones y fondos.

Para el sector agrario y pesquero el decreto incluye ayudas directas por un importe de 20,3 millones de euros para paliar los perjuicios causados por el volcán en regadíos, caminos rurales, pesca y acuicultura. También se permutarán fincas para que los agricultores puedan continuar con su actividad y se financiará el coste de los avales para reactivar la actividad económica.

En apoyo a las infraestructuras de movilidad se destinarán 22 millones de euros para reconstruir infraestructuras; 40,5 millones de euros para redes viarias. Del mismo modo, se hará este año una exención total del Impuesto de Bienes Inmuebles para las viviendas y los daños causados y se aplazará el pago de deudas tributarias.

PARA PROTEGER A LAS MUJERES POR VIOLENCIA DE GÉNERO

El decreto también incluye 500.000 euros para financiar a los servicios sociales y medio millón de euros más para proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia de género.

Por otro lado, la norma suspende tres meses los plazos legales para ejercer el derecho de desistimiento sobre cualquier contrato, incluidos los plazos de devolución de productos. Hasta el 19 de diciembre, todos los residentes de La Palma, aunque lo sean de forma temporal, podrán rescindir un contrato sin que medie causa en determinados supuestos. Esta medida afecta principalmente a las compras online.

Cuando un contrato no pueda ser cumplido, la empresa tendrá que devolver las cantidades que los consumidores hayan pagado previamente en el plazo máximo de 30 días. Es el caso de conciertos o eventos para los que los consumidores tengan entradas compradas.

Además, no tendrá que abonar nuevas cuotas durante cinco meses -mientras que no se pueda ejecutar el servicio- sin que esto sea motivo para rescindir el contrato. Este supuesto se da en servicios que se adquieren por cuotas, como en caso de gimnasios, guarderías o academias.

Cuando el consumidor sea quien no pueda recibir el bien o disfrutar el servicio o suministro a causa de las medidas decretadas por las autoridades -aunque la empresa pueda prestarlos- tendrá también derecho a elegir entre la resolución del contrato, sin pagar penalizaciones, o el aplazamiento en los términos que se acuerden entre las partes. Este será el caso de viviendas de personas evacuadas que no puedan disfrutar de sus contratos de luz, gas o teléfono, aunque la empresa suministradora pueda prestar el servicio.

En caso de solicitar la suspensión del contrato, su reanudación no llevará ningún coste aparejado y la solicitud de rescisión contractual implicará la devolución de los importes ya abonados por la persona afectada en un plazo máximo de 30 días.

Las personas afectadas tendrán un plazo de cinco meses para ejercer este derecho desde que la autoridad competente decretó la medida por la que no pudieron recibir los bienes o disfrutar los servicios o suministros.

SIN PARTIDAS EN LOS PRESUPUESTOS

Durante el debate, la mayoría de las formaciones políticas han coincidido en afear al Gobierno que no incluya ninguna partida específica de ayudas para La Palma en el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) de 2022.

En este punto, el diputado de Vox Javier Ortega Smith ha sido el que más ha cargado contra este decreto del Gobierno, que ha calificado de «absolutamente insuficiente». Con todo, ha proclamado que «30.000 euros es una miseria» y ha recriminado al Ejecutivo que incluya una partida de medio millón de euros para proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia de género: «¿Es acaso este volcán machista o xenófobo?».

Por su parte, el PP, que ha agradecido la celeridad en la respuesta del Gobierno, ha pedido al Ejecutivo «agilidad y dinamismo» porque, según ha dicho la diputada ‘popular’ Ana María Zurita, el volcán «no es una foto fija». Además, ha echado en falta una «mayor participación del Ministerio de Transportes».

En el caso del PSOE, ha pedido que esto no se utilice para confrontar políticamente, mientras que el resto de formaciones, como Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, Nueva Canarias y Coalición Canaria, han coincidido en que son medidas necesarias, aunque ven necesario articular más mecanismos.