Tribunal Constitucional
De esta manera, el Tribunal Constitucional estudiará el recurso presentado por CSIF de forma más detallada al considerar que «concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales».
El recurso de amparo presentado por el sindicato encabezado por Miguel Borra, al que ha tenido acceso Europa Press, solicita al Constitucional declarar nulo el acuerdo alcanzado por la Mesa del Congreso de los Diputados, porque vulnera el artículo 23.1 de la Constitución española que permite a los ciudadanos participar en los asuntos públicos y carece de «suficiente y adecuada motivación».
Según se desprende del documento, la Mesa del Congreso de Diputados acordó el pasado 16 de mayo de 2023 no admitir a trámite una ILP para que los empleados públicos recuperen las pagas íntegras desde 2010 porque no cumplía con la ley que regula las iniciativas legislativas populares «en la medida en que afecta a materia presupuestaria».
Desde el sindicado, defienden que esta «supuesta» afectación a materia presupuestaria no es una de las causas concretas tasadas y previstas para la inadmisión de la proposición y, además, aseguran que no se produce dicha afectación.
De esta manera, indica que cualquier iniciativa legislativa popular y su tramitación siempre va a llevar aparejadas algún gasto de gestión, pero que es «mínimo» y no puede equipararse a una invasión de las competencias gubernamentales en materia de elaboración de presupuestos, como «parece hacer» el acuerdo de inadmisión adoptado por la Mesa del Congreso.
«De admitir esta equiparación, entre coste de la iniciativa y reserva material del Gobierno, para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se estaría vaciando de contenido esta forma de participación ciudadana», avisan desde el sindicato.
Asimismo, en el recurso de amparo CSIF hace constar que la iniciativa presentada no incluye propuesta alguna sobre la elaboración de los Presupuestos, o coste directo por estos conceptos, sino que propone, únicamente, una supresión normativa –el artículo 1 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo– y negociarla en el seno de la Mesa General de las Administraciones Públicas.
En esta línea, recuerdan que la Mesa del Congreso ha admitido otras iniciativas que comprometían un mayor gasto y podrían significar una mayor afectación presupuestaria que la iniciativa presentada.
De igual manera, en el recurso de amparo presentado por CSIF se asegura que la resolución del acuerdo del Congreso que se está recurriendo no se contiene la «expresa, suficiente y adecuada» motivación.
Por ello, piden al Constitucional que declare que la proposición no ha incurrido en ninguna de las causas de inadmisión previstas o subsidiariamente declare nulo el acuerdo de la mesa del Congreso.
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