Sede de la Audiencia Nacional en Madrid
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ha citado así el 19 de diciembre como testigos al comisario Mariano Hervás, que era el ‘número dos’ de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía en la etapa de la ‘Operación Kitchen’; a Bonifacio Díez Sevillano, un policía que estuvo adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO); y al comisario José Manuel García Catalán.
Un día antes, el 18 de diciembre, el instructor practicará la testifical de la letrada Raquel García-Quismondo y de Carlos Alberto Arias. Fuentes jurídicas han apuntado a Europa Press que éste último es un ciudadano venezolano al que se cita para que dé cuenta del justificante que habría presentado y en el que se apuntaba a una presunta transferencia que el régimen ‘chavista’ habría realizado al ex secretario general de Podemos y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.
Con todo, una de las declaraciones testificales más relevantes tendrá lugar ya en 2025, concretamente el 9 de enero, cuando Pedraz ha citado al que fuera director general de la Policía Nacional y dirigente del Partido Popular Ignacio Cosidó. Todas estas testificales han sido propuestas por la formación ‘morada’.
Podemos presentó una querella ante la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados –bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez– «se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política».
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las «fuentes policiales» para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento «falsario» de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
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