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Edición testing    15 de julio de 2019

Sindicato de Inquilinas e Inquilinos

Vivienda

Familias de Torrejón se unen a las de Vallecas y Carabanchel y organizan su “resistencia” para que Fidere renueve sus alquileres con el IPC.

Vallecas, Carabanchel y ahora Torrejón de Ardoz. Cada vez más inquilinos de las viviendas públicas que Ignacio González y Ana Botella vendieron a fondos buitre se rebelan contra las subidas de alquileres que les trata de imponer su nuevo casero al considerarlas abusivas. El motivo: muchos de los vecinos accedieron a esas casas cuando pertenecían a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) o al Ivima, y se les adjudicaron precisamente por su situación económica, por lo que no pueden pagar las nuevas rentas, con subidas de hasta el 80% que les exige ahora la socimi Fidere, perteneciente al fondo de inversión Blackstone.

Vivienda

Vecinos de estos inmuebles que Botella vendió a Blackstone exigen renovar sus contratos con subidas de rentas limitadas al IPC.

Inquilinos del Ensanche de Vallecas se han unido frente a su casero, la socimi Fidere, perteneciente al banco de inversión Blackstone, para protegerse de “las subidas de alquiler abusivas” que dicen les está “imponiendo la propiedad una vez finalizados los contratos”. Los afectados denuncian que la sociedad –a la que Ana Botella les vendió los inmuebles en 2013- les pide “subidas de renta de hasta un 80% para quedarse en los pisos.

Madrid

Un Juzgado ha fijado para el lunes el lanzamiento de una pareja con dos hijos menores.

Argumosa 11 vivirá un nuevo intento de desahucio el próximo lunes, sólo un día después de las elecciones, ya que esa es la fecha que un Juzgado ha fijado para el desalojo de una quinta familia de este edificio del madrileño barrio de Lavapiés, inmueble que se ha convertido -por obra y gracia de los activistas del derecho a la vivienda- en todo un símbolo de la lucha contra los desahucios, la gentrificación y la burbuja del alquiler.

Madrid

Los activistas por el derecho a la vivienda quieren ‘señalar’ a los políticos de PP y Ciudadanos en la Pradera de San Isidro.

Los activistas por el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid ya habían advertido que iban a “señalar” durante la campaña electoral a los candidatos de PP y Ciudadanos por no comprometerse a elaborar con urgencia una ley autonómica de vivienda que proteja a los madrileños de los desahucios y de la burbuja de los alquileres. Y han decidido que sea hoy, el día del Patrón de Madrid, y que sea en la castiza Pradera de San Isidro donde se realice un escrache –ellos lo califican de #Escrachazo- a los políticos de estos de estos dos partidos que se acerquen a algunos de los actos festivos programados.

Madrid

La situación de emergencia habitacional que vive Madrid entra en campaña y se anuncian “escraches electorales” contra PP y Ciudadanos.

El derecho a la vivienda ha entrado definitivamente en la campaña para las elecciones del 26 de mayo en la Comunidad de Madrid y lo ha hecho con palabras mayores, ya que PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid se han comprometido por escrito a aprobar –en el primer pleno hábil que celebre la Asamblea de Madrid - una ley de vivienda autonómica, si así se lo permite la aritmética parlamentaria. Y no una ley de vivienda cualquiera, sino una que recoja, como mínimo, los aspectos principales incluidos en la conocida como ‘ley de vivienda de la PAH’, Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y por la Asociación Libre de Abogados (ALA).

Madrid

La Coordinadora de Vivienda recuerda a Pedro Sánchez que la Seguridad Social tiene 40.000 m2 de vivienda cerrados en España, 30.000 de ellos en Madrid.

El movimiento de vivienda de Madrid ha dado hoy el pistoletazo de salida para que el derecho a la vivienda en la comunidad irrumpa de lleno en la campaña electoral de las autonómicas de mayo, un objetivo para el que hoy mismo estos activista pedirán en la Asamblea una reunión urgente con los distintos grupos políticos.

Vivienda

Portales y agencias se quejan de inseguridad jurídica y falta incentivos fiscales, mientras el Sindicato de Inquilinos cree que sin regular los precios no se pinchará la ‘burbuja’.

Si algo puede decirse el nuevo decreto del alquiler que aprobó ayer el Consejo de Ministros, deprisa y corriendo, es que tiene medidas positivas pero no convence a nadie.

Vivienda

Los socialistas catalanes afirman que respetan la protesta que los activistas garantizan será pacífica.

Una treintena de miembros del Sindicato de Inquilinos de Barcelona (Sindicat de Llogaters) han ocupado el vestíbulo de la sede del PSC para exigir al Gobierno del PSOE la regulación de precios del alquiler, con motivo de la aprobación este martes del Real Decreto de alquileres “sin incluir ninguna medida para regular los precios”. Esta iniciativa forma parte de las protestas que han convocado para hoy los activistas por el derecho a la vivienda para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla el acuerdo presupuestario que alcanzó con Unidos Podemos de permitir a los Ayuntamientos intervenir el precio de los arrendamientos en las zonas con subidas más desorbitadas.

Vivienda

Denuncian que el decreto del Gobierno está provocando subidas en las rentas por "efecto rebote" y convocan protestas ante las sedes del PSOE.

Alquileres justos, dignos, estables y regulados”. Esto es lo que exigen los activistas por el derecho a la vivienda al Gobierno de Pedro Sánchez y por ello han convocado -para el lunes 21 de enero- movilizaciones ante las sedes del PSOE reclamando al Ejecutivo que, al menos, cumpla el acuerdo presupuestario que alcanzó con Unidos Podemos de permitir a los Ayuntamientos regular el precio de los arrendamientos en las zonas con subidas más desorbitadas.

Madrid

Los activistas por el derecho a la vivienda pretenden que se renueve el alquiler de tres familias, dos de ellas con menores a su cargo.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha organizado para el próximo viernes, Día de los Santos Inocentes, una acción doble para frenar los desahucios de inquilinos en la capital. Y es que este colectivo de activistas por el derecho a la vivienda está convencido de que el decreto ley que aprobó el pasado viernes 14 de diciembre el Consejo de Ministros para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, no va a resolver el problema.

Desahucios

Naciones Unidas había exigido la paralización del desalojo de Pepi por no tener alternativa habitacional.

Al final. Pepi se queda. Los activistas por el derecho a la vivienda agrupados en la Asamblea Bloques en Lucha informan que se ha conseguido parar por tercera ver el desahucio de Pepi Santiago, una mujer viuda de 65 años y con dos hijas, a la que se iba a desalojar hoy de su casa en el número 11 de la calle Argumosa en el barrio de Lavapiés, según ha anunciado el Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos de Madrid,

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