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Edición testing    19 de junio de 2019

dimisiones

Ciudadanos

La crisis interna en la que está sumida la formación naranja se enquista con nuevas dimisiones y críticas por las papeletas a las generales.

La tormenta desatada en Ciudadanos a cuenta de las primarias en Castilla y León va camino de convertirse en auténtico temporal. La división en el seno de la formación naranja aumenta con el paso de la semana y se suceden las renuncias, así como las quejas por las listas a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Esta crisis interna amenaza con enquistarse.

Madrid

Los dimisionarios acusan al concejal de querer cerrar parques y reducir dotaciones para instaurar la jornada semanal de 35 horas sin aumentar plantilla.

La cúpula de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, concretamente 12 inspectores de dicho Cuerpo, ha dimitido esta mañana en bloque en protesta por la gestión realizada por el delegado de Seguridad y Emergencias, Javier Barbero. Los dimisionarios acusan al concejal de realizar “purgas estalinistas” por haber cesado al director de Emergencias, Ignacio Becerril, y el jefe de Bomberos, Juan José García, tras las discrepancias mostradas por estos dos cargos por la forma en la que el Consistorio quería de instaurar la jornada semanal de 35 horas que, desde el 1 de enero, disfrutan todos los funcionarios municipales, al considerar que la reducción de jornada de los bomberos tenía que traducirse en un aumento de la plantilla.

Elecciones anticipadas

Dolors Montserrat recrimina al Gobierno sus “tres dimisiones: dos despachadas y una en camino”, en alusión a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

PP y Ciudadanos han coincidido este miércoles en rechazar los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de agotar la legislatura. Es decir, nada de elecciones hasta 2020. Algo a lo que se oponen las formaciones encabezadas por Pablo Casado y Albert Rivera, que han exigido al Ejecutivo que ‘tire la toalla’ y convoque a los ciudadanos a una nueva cita en las urnas. ¿Los motivos? Desde la crisis catalana hasta las polémicas grabaciones de Dolores Delgado, cuya dimisión reclaman ambos partidos.

Política

En España se echaba de menos la disposición a dimitir de nuestros políticos, pero las cosas han empezado a cambiar.

La sociedad española sigue avanzando hacia la perfección y ha recuperado el verbo dimitir en todas sus conjugaciones y, por lo tanto, habría que darle la enhorabuena. Dimitir estaba cayendo en desuso y la verdad es que era una pena que tan buena costumbre se perdiera. Muchos nombres, sujetos susceptibles de acogerse a sus tiempos, particularmente al presente, encontraban en su olvido motivo para eludirlo. Pero afortunadamente, las cosas están volviendo a su sitio.

Currículum de Cifuentes

Varios ministros y políticos de primera fila han renunciado a su cargo por cuestiones similares a las que rodean a Cifuentes.

La exclusiva de eldiario.es de este miércoles amenaza con tumbar la presidencia de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes. La falsedad documental puede acarrear “penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años”. Lo que no menciona el código penal es una hipotética dimisión de Cristina Cifuentes. Algo que sí han llevado a cabo otros políticos europeos por acusaciones (demostradas) similares a las publicadas este miércoles.

Cataluña

Albert Batalla y Jordi Cuminal habían asegurado darse de baja de su acta de diputado. Fuentes parlamentarias confirman que no lo han hecho.

Los diputados de Junts pel Si – miembros del PDeCAT – Jordi Cuminal y Albert Batalla habían asegurado este mediodía su renuncia al acta de diputado y la baja del partido cuando Carles Puigdemont parecía que iba a convocar elecciones autonómicas. Sin embargo, el presidente de la Generalitat no lo ha hecho y los diputados solo han dimitido en Twitter.

Justicia

STAJ reclama que se “depuren responsabilidades” y que Catalá informe de hasta “qué punto” se han vulnerado los datos personales de los funcionarios.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha exigido la dimisión de los máximos responsables del fallo de seguridad en LexNET producido el pasado jueves y han propuesto que la gestión y el control de dicha plataforma pase a manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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