Banco Popular

En el sector financiero, las acciones de Banco Santander ceden un 0,19% en los primeros compases de la negociación hasta quedarse en 3,96 euros. Según publica hoy el diario Expansión, el grupo que preside Ana Botín prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a unos 3.000 empleados y conllevará el cierre de entre 1.000 y 1.200 sucursales.

Hace un año y medio, una fuga de depósitos acabó dictando sentencia sobre Banco Popular, que de la noche a la mañana fue resuelto y vendido por un precio simbólico al Santander. El Banco Central Europeo (BCE) no quiere que le vuelva a pillar por sorpresa una caída tan precipitada, por lo que prepara una nueva prueba de estrés en la que se medirá cuánto tiempo pueden aguantar las entidades antes de quebrar si se encuentran en una situación parecida.

Banco Santander obtuvo un beneficio de 7.810 millones de euros en 2018, un 18% más que en el ejercicio anterior (un 32% más en euros constantes), según ha anunciado hoy la entidad que preside Ana Botín, que destaca que el aumento de los ingresos de clientes en varios mercados, como Brasil, España, México y EEUU, y las mejoras de la calidad crediticia “compensaron sobradamente” el impacto de la depreciación de algunas divisas frente al euro, como el peso argentino.

Un grupo de accionistas de Banco Popular, entre ellos parte de la Sindicatura de Accionistas y de la Mutualidad de la Abogacía, ha demandado al Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Única de Resolución (JUR) por su responsabilidad en la resolución de la entidad, por la que reclaman 484 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado a Banco Santander como persona jurídica en la causa que investiga la gestión de los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por la ampliación de capital acometida en 2016 por la entidad. Los banqueros podrían haber incurrido en los delitos de falsedades societarias y administración desleal, contra le mercado, falsedades documentales y apropiación indebida.

El Ministerio de Hacienda ha ordenado a la Agencia Tributaria examinar las cuentas de la operación de adquisición de Banco Popular por parte del Santander. Según publica LaInformacion.com, que cita fuentes gubernamentales, los hombres de María Jesús Montero analizarán si es procedente abonar unos 1.000 millones de euros en activos fiscales diferidos (DTA).

Los accionistas y bonistas afectados por la resolución de Banco Popular tendrán de plazo entre mañana día 6 y el próximo 26 de noviembre para presentar por escrito sus reclamaciones a la Junta Única de Resolución (JUR), según los plazos que comunicó la institución que acabó dictando sentencia sobre la entidad española en junio del año pasado.

Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido en los nueve primeros meses del año de 5.742 millones de euros, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior, o un 28% más en euros constantes. El beneficio antes de impuestos subió un 23% con respecto al mismo periodo del año anterior en euros constantes, hasta 11.230 millones.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha apuntado al Banco Popular. El comité ejecutivo del organismo ha acordado incoar un expediente administrativo sancionador por infracción muy grave a la entidad bancaria por haber suministrado información financiera con datos inexactos o no veraces en sus cuentas anuales de 2016.

Los accionistas y bonistas afectados por la resolución de Banco Popular tendrán de plazo entre el 6 y el 26 de noviembre para presentar por escrito sus reclamaciones a la Junta Única de Resolución (JUR), según los plazos que ha comunicado hoy la institución que acabó dictando sentencia sobre la entidad española en junio del año pasado.

La Junta Única de Resolución (JUR) abrirá el 6 de noviembre el procedimiento para que los antiguos accionistas y acreedores de Banco Popular remitan sus comentarios en el marco del proceso que determinará si deben ser compensados.

Aeris Invest, el vehículo inversor de la familia Luksic, ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mediante el cual solicita que se anule la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no publicar un informe de valoración definitivo sobre la resolución de Banco Popular.

El ERE que el Santander firmó a finales de 2017 con los sindicatos para integrar sus servicios centrales en España con los de Banco Popular ya está cerca de concluir. Según ha informado UGT tras la reunión de la Mesa de Seguimiento del ERE, a 31 de agosto, se han hecho efectivas un total de 1.007 bajas de las 1.094 acordadas.

La escritura de fusión por absorción de Banco Popular por Banco Santander ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria, según ha comunicado el grupo que preside Ana Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo inversor mexicano MIG, liderado por Antonio Del Valle, ha presentado dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, según publica Europa Press, que cita fuentes cercanas a los denunciantes. El grupo mexicano considera que la resolución de Banco Popular y posterior venta de la entidad a Banco Santander al precio de un euro incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006).