Banco Popular

El Ministerio de Hacienda ha ordenado a la Agencia Tributaria examinar las cuentas de la operación de adquisición de Banco Popular por parte del Santander. Según publica LaInformacion.com, que cita fuentes gubernamentales, los hombres de María Jesús Montero analizarán si es procedente abonar unos 1.000 millones de euros en activos fiscales diferidos (DTA).

Los accionistas y bonistas afectados por la resolución de Banco Popular tendrán de plazo entre mañana día 6 y el próximo 26 de noviembre para presentar por escrito sus reclamaciones a la Junta Única de Resolución (JUR), según los plazos que comunicó la institución que acabó dictando sentencia sobre la entidad española en junio del año pasado.

Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido en los nueve primeros meses del año de 5.742 millones de euros, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior, o un 28% más en euros constantes. El beneficio antes de impuestos subió un 23% con respecto al mismo periodo del año anterior en euros constantes, hasta 11.230 millones.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha apuntado al Banco Popular. El comité ejecutivo del organismo ha acordado incoar un expediente administrativo sancionador por infracción muy grave a la entidad bancaria por haber suministrado información financiera con datos inexactos o no veraces en sus cuentas anuales de 2016.

Los accionistas y bonistas afectados por la resolución de Banco Popular tendrán de plazo entre el 6 y el 26 de noviembre para presentar por escrito sus reclamaciones a la Junta Única de Resolución (JUR), según los plazos que ha comunicado hoy la institución que acabó dictando sentencia sobre la entidad española en junio del año pasado.

La Junta Única de Resolución (JUR) abrirá el 6 de noviembre el procedimiento para que los antiguos accionistas y acreedores de Banco Popular remitan sus comentarios en el marco del proceso que determinará si deben ser compensados.

Aeris Invest, el vehículo inversor de la familia Luksic, ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mediante el cual solicita que se anule la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no publicar un informe de valoración definitivo sobre la resolución de Banco Popular.

El ERE que el Santander firmó a finales de 2017 con los sindicatos para integrar sus servicios centrales en España con los de Banco Popular ya está cerca de concluir. Según ha informado UGT tras la reunión de la Mesa de Seguimiento del ERE, a 31 de agosto, se han hecho efectivas un total de 1.007 bajas de las 1.094 acordadas.

La escritura de fusión por absorción de Banco Popular por Banco Santander ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria, según ha comunicado el grupo que preside Ana Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo inversor mexicano MIG, liderado por Antonio Del Valle, ha presentado dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, según publica Europa Press, que cita fuentes cercanas a los denunciantes. El grupo mexicano considera que la resolución de Banco Popular y posterior venta de la entidad a Banco Santander al precio de un euro incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006).

El informe de valoración 3 de Banco Popular elaborado por Deloitte y publicado a principios de mes por la Junta Única de Resolución (JUR) es “ilegible”. Así lo han denunciado al menos los grandes fondos Pimco, Algebris, Anchorage y Ronit, que consideran que las autoridades europeas están socavando su derecho a la defensa.

Aeris Invest, el vehículo inversor de la familia Luksic, ha amenazado con ejercer nuevas acciones judiciales si la Junta Única de Resolución (JUR) no publica el segundo informe de valoración de Banco Popular.

La decisión, todavía “preliminar”, de la Junta Única de Resolución (JUR) de no compensar a los accionistas y bonistas de Banco Popular por la resolución de la entidad hace justo 14 meses no ha hecho sino reafirmar a los afectados en su idea de acudir a los tribunales para exponer su caso.

De no haberse llevado a cabo la resolución de Banco Popular y haberse producido un proceso de liquidación, los depositantes de la entidad que entonces presidía Emilio Saracho se habrían visto afectados. En concreto, según el tercer informe de Deloitte publicado hoy por la Junta Única de Resolución (JUR), aquellos clientes con más de 100.000 euros en depósitos habrían perdido 14.000 millones en el escenario más desfavorable.

El representante del grupo de grandes fondos tenedores de bonos de Banco Popular y socio director del despacho Quinn Emanuel, Richard East, ha asegurado estar “decepcionado pero no sorprendido” con las conclusiones del informe presentado hoy por la Junta Única de Resolución (JUR), que ha descartado de manera preliminar compensar a los afectados de la resolución de la entidad.