El fin del conocido como escudo social aprobado durante la pandemia ha reactivado procedimientos judiciales que permanecían paralizados, lo que, según la plataforma, puede traducirse en un incremento notable de los desalojos en el corto plazo.
La derogación del escudo social reactiva procesos judiciales de desahucio en toda España
Advertencia de “tsunami” de lanzamientos
La plataforma Stop Desahucios realizó esta advertencia durante una rueda de prensa celebrada en el Boulevard de San Sebastián, en la que participó su portavoz, Rosa García, junto a familias afectadas y representantes políticos.
Durante el acto, la organización responsabilizó a PP, Vox y Junts por su rechazo en el Congreso a la prórroga del escudo social, una medida que hasta febrero suspendía los desahucios de hogares vulnerables.
La plataforma señala a la oposición parlamentaria por impedir la prórroga del escudo social
Además, Stop Desahucios denunció que grandes tenedores de vivienda ya han solicitado en los tribunales la reanudación de demandas de desahucio que estaban paralizadas, lo que incrementa la presión sobre las familias en riesgo.
Casos concretos y respuesta de Kutxabank
Entre los casos citados, la plataforma destacó el de un residente en San Sebastián y el de una mujer en Irun, madre de cinco hijos, para quienes reclama una alternativa habitacional inmediata.
En este último caso, la organización propone la firma de un contrato de siete años con alquiler social con Kutxabank.
Fuentes de la entidad financiera han explicado que, una vez reactivado el procedimiento judicial, corresponde a los servicios sociales ofrecer una solución habitacional, al haber sido ya reconocida la situación de vulnerabilidad de la afectada.
Kutxabank remite a los servicios sociales la responsabilidad de ofrecer alternativas habitacionales
Miles de familias en riesgo y contratos que vencen
Stop Desahucios también ha alertado de otros casos de inquilinos con pequeños propietarios, incluyendo lanzamientos previstos como uno fijado para el 10 de junio en Irun.
Según la plataforma, estas situaciones reflejan el problema que afecta a unas 60.000 familias en España y a centenares en Euskadi.
En Gipuzkoa, entre San Sebastián e Irun se han emitido 236 informes de vulnerabilidad para acogerse al escudo social, mientras que existen al menos seis familias más afectadas por desahucios por finalización de contrato.
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Informes de vulnerabilidad en San Sebastián e Irun | 236 |
| Familias afectadas en España | 60.000 |
| Familias afectadas en Gipuzkoa (estimación) | Centenares |
| Contratos de alquiler que finalizan en 2026 | 25.695 |
Más de 25.000 contratos de alquiler finalizarán este año, lo que puede agravar la crisis
Reclamación de medidas urgentes
La plataforma ha reclamado al Gobierno Vasco y a los ayuntamientos la adopción de medidas urgentes para ampliar el parque público de vivienda en alquiler social y evitar que familias vulnerables queden en la calle.
Entre sus propuestas, destacan la intermediación con grandes tenedores, la incorporación de viviendas vacías al parque público y el refuerzo de la inspección sobre portales inmobiliarios.
Asimismo, ha recordado que los organismos internacionales obligan a las administraciones a garantizar alternativas habitacionales para las familias vulnerables.
La organización ha avanzado que tratará de frenar por todos los medios los desahucios que se ejecuten en los próximos meses, ante el riesgo de un aumento significativo de lanzamientos tras el fin del escudo social.
