Tras este anuncio, las acciones de Solarpack se han disparado un 43,87% hasta marcar 26,30 euros en los primeros compases de la negociación del mercado continuo. Antes de conocerse la oferta, las acciones habían acumulado en lo que va de año una caída de un 36%, dejando la capitalización bursátil en unos 600 millones de euro.
EQT ha asegurado disponer de los recursos propios necesarios para afrontar el total de la contraprestación de la oferta, que se satisfará en su totalidad en efectivo.
El precio de la oferta representa una prima de aproximadamente un 45% sobre el precio de cotización de las acciones de Solarpack al cierre de mercado en la sesión bursátil de ayer (18,28 euros).
La sociedad oferente considera que el precio de la oferta cumple con los requisitos para ser considerado “precio equitativo”, lo que se justificará mediante un informe de valoración elaborado por un experto independiente.
El pasado 15 de junio, Beraunberri, Burgest 2007 y Landa LLC, los accionistas vendedores, se comprometieron irrevocablemente con la sociedad oferente a aceptar la oferta en relación con un total de 16.944.855 acciones, representativas en conjunto del 50,957% del capital de Solarpack.
La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de la misma por titulares de valores que representen al menos el 75% más una acción del capital social de Solarpack con derecho a voto, esto es, al menos 24.939.760 acciones.
Asimismo, la sociedad oferente ha decidido condicionar la efectividad de la oferta a la obtención de la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), e iniciará el procedimiento para la solicitud de autorización ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tan pronto como sea posible tras el anuncio de la OPA y en colaboración con dicha autoridad.
Por su parte, la CNMV no dará el visto bueno a la oferta hasta que se le acredite la obtención de dicha autorización. No obstante, la sociedad oferente considera que la exigencia de esta autorización previa por el Consejo de Ministros dejará de estar en vigor el próximo 1 de julio, salvo que la vigencia de la normativa se prorrogue legalmente con anterioridad a dicha fecha.
