Sahara Occidental: una injusticia prolongada en el tiempo (Parte II. Orígenes y desinformaciones)

Sahara Occidental

Sahara Occidental: una injusticia prolongada en el tiempo (Parte II. Orígenes y desinformaciones)

España debería hacer frente a sus responsabilidades legales internacionales y dejar de mirar hacia otro lado como si la “cosa” no fuese con ella.

Manifestación a favor del pueblo saharaui

Manifestación a favor del pueblo saharaui

Toda la situación actual con respecto al Sahara Occidental y la responsabilidad de España como Potencia Administradora proviene de la presencia española en el Sahara Occidental, que comenzó en noviembre de 1884 y que, entre 1958 y 1976, fue considerada como la 53ª provincia española.

El 14 de noviembre de 1975 tuvo lugar una reunión en España (por ser nuestro país la Potencia Administradora) en la que se firmaron los “Acuerdos Tripartitos de Madrid” por los que se dividió el Sahara Occidental entre los dos países vecinos, Marruecos y Mauritania. Esta última se retiró en 1979 del tercio que ocupaba, tras firmar la paz con el Frente Polisario y reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD); mientras que Marruecos, en la actualidad, continúa ocupando ilegalmente los otros dos tercios del territorio.

NULIDAD DE LOS ACUERDOS TRIPARTITOS DE MADRID

El Gobierno de España envió una carta el 26 de febrero de 1976 al Secretario General de Naciones Unidas comunicando que se consideraba desligada de toda responsabilidad como Potencia Administradora. Pero el 29 de enero de 2002 el Consejo Jurídico de Naciones Unidas dictaminó la nulidad de los “Acuerdos Tripartitos de Madrid” firmados aquel 14 de noviembre de 1975 y que entraron en vigor por la Ley 40/1975 de 19 de noviembre sobre la descolonización del Sahara.

Y ese dictamen vino a decir que en los “Acuerdos Tripartitos de Madrid” no se transfirió la soberanía sobre el territorio del Sahara Occidental ni tampoco se confirió, a los países firmantes que se hacían cargo de la gestión, la condición de Potencia Administradora; ya que era una condición que España, por sí sola, no podría haber transferido unilateralmente. Con lo cual y resumiendo, aquellos acuerdos firmados no tienen validez legal, según Naciones Unidas y España, por tanto (digámoslo claramente y sin ambages ni mentiras) …¡¡¡ESPAÑA CONTINÚA SIENDO LA POTENCIA ADMINISTRADORA DEL SAHARA OCCIDENTAL!!!

Es necesario comentar que además (y para tener una visión jurídica más alta de este tema), la justicia española, en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en su auto de fecha 4 de julio de 2014 (resolución 40/2014) confirmaba, a través de su Presidente y hoy ministro de Interior del actual Gobierno de España, el Excmo. Sr. Don Fernando Grande Marlaska Gómez, y consideraba que “…España “de iure” aunque no “de facto” sigue siendo la Potencia  Administradora, y como tal, hasta que finalice el período de descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas”. Con lo cual, legalmente el camino a recorrer parece que está claro…me pregunto si quizás solo falta un poco (o un mucho…) de decencia y voluntad política (de todos los partidos políticos) para ponerse en marcha y recorrerlo.

¿POR QUÉ ESPAÑA SE DESLIGA DE TODA RESPONSABILIDAD?

Con lo dicho anteriormente, ¿por qué desde el Congreso de los Diputados de España, el 23 de diciembre de 2020 se responde, con número de registro 79149, a una consulta de los Diputados Excma. Sra. Sabanés y Excmo. Sr. Errejón, diciendo que España se considera desligada de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración del Sahara Occidental y aduciendo aquella carta enviada en 1976 al Secretario General de Naciones Unidas, que he comentado anteriormente? ¿Es que alguien en el Gobierno de España no se ha enterado de los posteriores dictámenes y comunicaciones de Naciones Unidas con relación a este caso? Si fuera por desconocimiento, me parecería grave; si fuera para hurtar la verdad, me parecería imperdonable al representar una falta de respeto y consideración hacia quienes en España vivimos y pagamos nuestros impuestos, hacia la legalidad internacional…y hacia el pueblo saharaui. Se continúa diciendo en la respuesta dada a los dos Diputados que España hace aportaciones económicas, lo cual está bien, pero eso no nos exime en modo alguno de cumplir con dicha legalidad internacional y con nuestros deberes legales como Potencia Administradora.

Dicho todo esto y en vista de lo que acabo de relatar, me hago otras preguntas, como por ejemplo ¿cómo es que España, que es el maravilloso país de la solidaridad hacia los demás cuando hay una catástrofe, que es de los primeros países que moviliza sus recursos para ayudar a esos países en dificultades, ha permanecido impasible y sin hacer frente a sus responsabilidades históricas y políticas, durante estos 46 años, ante el sufrimiento de un pueblo que un día fue su vecino, su hermano, su provincia número 53?

POTENCIA ADMINISTRADORA

Me sigo preguntando a estas alturas el motivo por el que España continua a hacerle el juego al Gobierno de Marruecos, que sigue con sus intenciones y acciones en todos los foros internacionales (y en privado con otros gobiernos y políticos y enviados especiales de Naciones Unidas) para conseguir que el Sahara Occidental se considere territorio propio haciendo caso omiso de la legalidad internacional) con su pasividad (y mostrando continuamente debilidad y falta de firmeza) en este tema y mirando por otro lado y haciendo dejadez de sus funciones como Potencia Administradora.

Marruecos y España son países vecinos y además, Marruecos ha sido el aliado tradicional de nuestro país en África, por tanto, lo ideal es tener buenas relaciones y llegar a ser amigos, dentro de los legítimos intereses de cada país. Pero las relaciones entre países vecinos deben ser de “mano tendida”, de colaboración, pero también de firmeza. Las relaciones de amistad sólo se consiguen a través del tiempo con relaciones estables, honestas y sin presiones ni chantajes, que es lo que suele ocurrir cada cierto tiempo procedente del gobierno de nuestro vecino del sur (inmigración ilegal, Ceuta y Melilla, cooperación antiterrorista, pesca,…) . El pueblo marroquí es un pueblo unido al español por lazos ancestrales y es por ello que su gobierno debe ser cuidadoso en las formas de gestionar las relaciones comunes para mantener y acrecentar los lazos que nos unen.

¿Tanto se nos ha endurecido el corazón (a los sucesivos y diferentes Gobiernos de España, que no a los españoles) o es que la “Realpolitik”, el egoísmo y avaricia personal inconfesables y mercantilismo ciego y desaforado impiden hacer lo correcto, lo que es decente, lo que es justo y necesario? ¿Tan distanciada ha estado (y me gustaría pensar que esto está cambiando) y sigue estando nuestra clase gobernante de los sentimientos y voluntades del pueblo español y de la legalidad internacional?

ESPERANZAS

Quizás podamos empezar a abrigar ciertas esperanzas (aunque la excepción no hace la regla) debido a que ha habido algunos políticos con responsabilidades en las diferentes Administraciones Públicas en España, Organizaciones Sindicales como CCOO y UGT e incluso integrantes del Congreso y Senado de nuestro país, de diferentes opciones políticas, que reclaman al Gobierno una solución inmediata y sin ambages. De hecho, como ejemplo, el pasado 10 de marzo casi todos los partidos con representación en el Senado de España respaldaron una moción en la que solicitan al Gobierno de España cumplir con sus responsabilidades históricas con respecto al pueblo saharaui y llevar a cabo una hoja de ruta bien definida que conduzca a cumplir con la responsabilidad que nuestro país tiene como Potencia Administradora.

Y recientemente, el 20 de octubre de 2021 el Diputado del PNV, Excmo. Sr. Don Aitor Esteban Bravo preguntó sobre la posición de España como Potencia Administradora y sobre la activista saharaui Sultana Khaya. A esta consulta, el Gobierno de España, a través del actual ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Excmo. Sr. Don José Manuel Albares Bueno, respondió que España no figura como Potencia Administradora del Territorio en la lista de Territorios no Autónomos de las Naciones Unidas.

Esa afirmación es una verdad incompleta (incluso hay gente que opina que una verdad a medias es una mentira) ya que en ese punto de la lista hay una llamada a una nota a pie de página en la que dice que España informó el 26 de febrero de 1976 al Secretario General de Naciones Unidas que cesaba en sus funciones como Potencia Administradora; pero eso sólo sería legalmente posible si se hubiera celebrado un referendo en el que el pueblo saharaui hubiera expresado su deseo de autodeterminación u otro cualquiera. Y como eso no ha sucedido (¡ya les hubiera gustado a los saharauis…!, España sigue siendo la Potencia Administradora, le guste o no a nuestros sucesivos Gobiernos). En todo caso, quien en modo alguno aparece en dicha relación como Potencia Administradora es Marruecos, que actúa desde 1975 como Potencia Ocupante de manera ilegal.

HACER FRENTE A LAS RESPONSABILIDADES

España debería hacer frente a sus responsabilidades legales internacionales y dejar de mirar hacia otro lado como si la “cosa” no fuese con ella, porque…¿saben ustedes?, la “cosa” son personas, son vidas, son un futuro y somos los responsables de brindarles un camino para que, a partir de ahí, puedan, si así lo desean, andar y crecer y vivir solos, de una manera autónoma.

¿Por qué los gobernantes españoles, a través de los años, no han estado a la altura de lo que el pueblo español (quien los elegía y pagaba sus sueldos a través de los impuestos) esperaba de ellos en este tema de resolución de la situación de una antigua colonia y posterior provincia hermana?. Me gustaría pensar, y lo digo sinceramente, que esta situación puede cambiar, que va a cambiar…y que los políticos y gobernantes españoles estarán a la altura que se espera de ellos, ya que está claro que el pueblo español ha hecho causa común y simpatía hacia otro pueblo, otrora hermano, que lleva 46 años apartado de su tierra y negándosele la oportunidad de un futuro digno.

Y si hablamos de un futuro y de la sostenibilidad de los pueblos…y, por tanto, del Pueblo Saharaui, recordemos que el número 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible habla de “Paz, Justicia e Instituciones sólidas” y es muy importante ya que es uno de los que permiten que se lleven a cabo todos los demás y…¿en qué se queda en este caso? Y aquel eslogan, tan cierto y difundido, de “no dejar a nadie atrás”…¿es que no es válido aquí?. Quizás por ello no estaría mal un compromiso decidido por parte de la comunidad internacional para ayudar a la final y feliz resolución de esta situación que, además, demostraría las voluntades políticas de servicio al pueblo, a cualquier pueblo, a este pueblo saharaui cuyo Estado (la RSAD) está reconocido por 85 países.

Además, sólo mediante las interrelaciones entre países libres, independientes y dueños de su destino se podrá crear un clima de paz, entendimiento y colaboración leal en la zona. Sólo de esa manera los países podrán colaborar para que el pueblo saharaui camine hacia la autodeterminación que pueda permitir, dentro de un escenario de libertad plena, un verdadero desarrollo sostenible en los aspectos económicos, sociales y medioambientales.

 

 

Más información