Vista de la entrada principal del Hospital Universitario de Torrejón en Madrid.
Así lo publica este jueves El País, que desveló ayer los audios de una reunión el pasado 25 de octubre en los que el por entonces CEO dio estas instrucciones a una veintena de directivos. Anoche, según este diario, Ribera envió un comunicado anunciando que, “para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo, Pablo Gallart ha solicitado al presidente de Ribera, Emmanuel de Geuser, desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón mientras el grupo lleva a cabo una auditoría en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley”.
A esa reunión de septiembre siguieron otras en las que se confirmaron y especificaron estas órdenes. Poco después, el 22 de octubre, Pilar Navarro, que por entonces era gerente del hospital, cursó una denuncia interna en la web del grupo para alertar de estas prácticas, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico. Dos días después fue despedida. Y no fue la única.
Días después, tres miembros de la dirección asistencial de Ribera remitieron otra denuncia por el mismo canal. El documento estaba firmado por Carlos Catalán, director médico del grupo, por María Josefa Soriano, directora de enfermería, y por José David Zafrilla, director de calidad y experiencia del paciente. Los tres fueron despedidos al día siguiente, el 27 de octubre.
Respecto a estos despidos, un portavoz del grupo Ribera ha explicado por escrito al citado diario que la compañía decidió poner fin a la relación laboral con estas personas, “debido a la pérdida de confianza en su gestión y su falta de liderazgo, con motivos justificados que nada tienen que ver con el asunto en cuestión”.
“Los cambios en los puestos de responsabilidad son habituales en las organizaciones, y muchas veces van acompañados de denuncias en los canales internos, que son objeto de investigaciones internas para determinar su veracidad o no”, ha añadido.
Los firmantes describen en sus denuncias su preocupación por la “vulneración de los derechos de los pacientes” y la “mala praxis asistencial” que las indicaciones de Gallart pueden conllevar, y solicitan una investigación interna que indague en posibles incumplimientos de compromisos adquiridos con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la administración que contrató a Ribera para gestionar el hospital.
Entre ellos, enumeran las instrucciones que Gallart dio y otras que, aseguran en esos escritos, se recibieron con posterioridad, como dar prioridad a pacientes “no cápita” ―aquellos que no tienen asignado por defecto el hospital, pero que piden ser atendidos en él― rentables, relegando la atención a los no rentables.
Tras el despido, Carlos Catalán, que era director asistencial del grupo, envió un correo electrónico a una veintena de compañeros, al que también ha accedido El País. En él lamenta que el proyecto por el que apostó hace 26 años “ha desaparecido de la mano de los actuales gestores, que quieren cumplir sus objetivos financieros a cualquier precio, incluida la salud de los pacientes”.
“Nunca durante este largo periodo nadie me ha pedido que haga u obligue a hacer a otros nada que pusiera en riesgo la salud de los pacientes, y, por tanto, ahora no puedo ceder a esta amenaza”, continúa.
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