“Realmente que no se produjeron derivaciones durante las primeras semanas. De hecho los datos que yo tengo de las personas fallecidas, a finales del mes de abril, habían fallecido 16 personas en la residencia y solo tres en los hospitales, lo cual indica la situación anormal que se produjo durante esos días, que en lugar de haber fallecido al revés, 3 personas en la residencia y 16 en los hospitales, como es lo habitual, el 20-80%, pues ocurrió eso”, ha explicado al término de su declaración.
Reyero ha declarado este martes ante el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba en el marco de una de las causas en las que se investigan los protocolos de derivación de residencias de mayores a hospitales en el inicio de la pandemia, centrándose en un caso concreto de una residencia.
Tanto él como el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur han sido llamados a declarar después de que la Audiencia Provincial de Madrid obligara al magistrado a reabrir este procedimiento seguido contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, respectivamente, por las muertes de usuarios de una residencia de ancianos.
En este sentido, recoge Europa Press, el exconsejero de Ciudadanos ha explicado que ha tenido oportunidad de comentar la existencia de los protocolos y el desarrollado en esas fechas, que sobre todo es el mes de marzo del año 2020, aunque ha indicado que no ha sido interpelado por “nada relacionado con la Comunidad de Madrid”.
“Me ha preguntado sobre quién era el responsable de esos protocolos, si era la Consejería, si yo era el responsable o no. Bueno, pues dentro de lo que es la dinámica habitual, pero no en una situación concreta sobre ni la presidenta ni los consejeros que estaban querellados”, ha indicado.
En esta línea, ha indicado que es “una situación un poco peculiar” al estar aforadas las personas querelladas pero, en cualquier caso, ha destacado la presencia de la Fiscalía y ha indicado que él ha ofrecido “alguna explicación adicional” sobre el plan de choque aunque no le han preguntado “nada en concreto”.
Recurso de una familia afectada
Los magistrados estimaron un recurso interpuesto por una familia afectada, archivado en primera instancia, y acordaba que continuara la investigación respecto sobre ellos “con la práctica de las diligencias pertinentes y necesarias para poder concluir si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro”.
En caso de que la investigación prospere, el Juzgado tendría que inhibirse a favor del Tribunal Supremo para investigar a la presidenta regional al tener la condición de aforada.
“Yo he manifestado lo mismo que he manifestado en mis otras comparecencias. En este caso concreto, como ya ocurrió en la anterior, la magistrada tenía interés exclusivo en que habláramos de este caso concreto. Y yo siempre digo que yo como consejero era responsable de 50.000 residentes en toda la Comunidad de Madrid y sobre casos concretos es difícil que yo dé mi opinión”, ha explicado al término de su declaración.
En la resolución, el juez citaba al consejero de Políticas Sociales durante la primera ola de la pandemia, Alberto Reyero, al el exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad, Carlos Mur, y a la entonces directora de general de Salud Pública, Yolanda Fuentes.
Hasta tres intentos para derivar a un paciente
Sí lo han hecho la médico de la residencia, que ha defendido ante el juez que intentó derivar al paciente hasta en tres ocasiones, pero que la geriatra de enlace no lo permitió alegando la falta de movilidad. Según dijo, lo único que se hizo fue mandar una UVI móvil “el día antes de su muerte”.
Según ha explicado el abogado Carlos Vila, el abogado de la persona fallecido y letrado de Marea de Residencias, esta facultativa ha defendido que el paciente debería haber sido trasladado y así lo trasladó a la médica de enlace, quien era la responsable de la decisión final, y ha defendido que para ella los protocolos “eran de obligado cumplimiento”.
La juez llamará a declarar en próximas fechas, ha explicado, tanto a Yolanda Fuentes, que no ha acudido este martes “al no haber podido ser localizada por la juez”, como a la médico forense responsable del informe, ha explicado el letrado.
El juzgado libraba oficio a la Consejería de Sanidad para que aportara el Plan de choque contra las muertes en residencias anunciado el 26 de marzo de 2020, así como su desarrollo, implementación y recursos utilizados en el mismo.
