La entidad avisa de que en este caso pesan «tres tipos de irregularidades muy extendidas entre las autoridades», en concreto la difusión del asunto «presuponiendo la culpabilidad de la ciudadanía, desalentar la grabación de las actuaciones policiales y los innecesarios traslados a dependencias policiales».
En el escrito presentado ante el Defensor, la organización avisa de que la información trascendida supone, con relación a la Policía Local, «una vulneración del artículo 4 de la Directiva 2016/343, en tanto que se refieren a la actriz como autora de un delito de atentado contra un agente de la autoridad»; además de que actualmente, «la Secretaría de Estado de Seguridad no cuenta con ninguna instrucción interna en la materia que garantice el cumplimiento de la normativa europea».
«POR EL MERO HECHO DE REALIZAR UNA GRABACIÓN»
Al mismo tiempo, la APDHA también ha denunciado «la irregular actuación de los agentes que procedieron a la identificación de la actriz por el mero hecho de realizar una grabación con su móvil de la intervención de la Policía» en el caso de un ciclista que presentaría síntomas de embriaguez la madrugada del sábado.
«Por desgracia, se trata de una práctica muy extendida entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solicitar la identificación de la persona que está grabando una intervención policial, como forma de desalentar la fiscalización de la actuación de un servicio público».
La asociación precisa que «el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana solo permite la identificación de una persona cuando existan indicios de que puede estar cometiendo una infracción o un delito, y grabar una intervención policial no es ninguna de las dos cosas».
«MALA PRAXIS»
En este caso, según indica la APDH, «se suma otra mala praxis en la actuación policial, como fue trasladarla a comisaría porque no portaba su DNI», toda vez que «el mismo artículo de la conocida como Ley Mordaza establece que el traslado a dependencias policiales a efectos de realizar la identificación personal sólo es pertinente cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio o, incluida la vía telemática o telefónica, o si la persona se negase a identificarse».
Por ello, la organización ha solicitado al Defensor del Pueblo Español que requiera a la Secretaría de Estado de Seguridad «acabar con este tipo de prácticas policiales».
Igualmente, la entidad ha solicitado al Defensor del Pueblo que compruebe si la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla cuenta con un libro-registro en el que consten las diligencias de identificación practicadas, así como los motivos, circunstancias y duración de las mismas.
Además, avisa de que el Ayuntamiento de Sevilla ha impuesto sanciones disciplinarias por mala praxis a un total de 23 agentes de la Policía Local entre 2010 y 2021, por lo que anima al consistorio a «tomar las medidas necesarias para el cumplimiento escrupuloso de la ley».
