La Asamblea Parlamentaria ha debatido la resolución presentada por el diputado holandés Pieter Omtzigt, del PPE, en la cual se constata que varios de los 46 países que integran el Consejo de Europa «han adquirido y usado Pegasus para vigilancia selectiva de sus propios ciudadanos» y en concreto incluye a España entre los 14 países de la UE que se sabe que compraron este programa de espionaje.
El texto aprobado, que han rechazado tanto PSOE como PP según han confirmado a Europa Press fuentes de ambos partidos, defiende que «el uso de ‘spyware’ del tipo Pegasus debería limitarse a situaciones excepcionales como medida de último recurso, para evitar o investigar un acto específico que equivalga a una amenaza real y genuina a la seguridad nacional o un delito grave específico, y solo contra la persona sospechosa de cometer o planear cometer esos actos».
En el caso concreto de España, uno de los países que se menciona expresamente en base a los hallazgos realizados por la comisión sobre Pegasus en la Eurocámara, se recuerda que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros «fueron presuntamente infectados con Pegasus por un país tercero (Marruecos)».
Asimismo, y en base a lo apuntado desde el Parlamento Europeo, señala también que «65 personas relacionadas con el movimiento pro independencia catalán fueron presuntamente atacadas con Pegasus y/o Candiru, 18 de los cuales han sido confirmados como objetivos legales por las autoridades españolas».
INVESTIGACIÓN DEL USO DE PEGASUS
Los miembros de la APCE sostienen en la resolución que los tribunales y autoridades judiciales de los estados «acusados de abusos con ‘spyware’ deben investigar plenamente y determinar si el uso de Pegasus o similares fue legal en virtud de la legislación nacional y conforme a la Convención (Europea de Derechos Humanos) y otros estándares internacionales».
A España se le pide expresamente que informe a la Asamblea y a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo integrado por expertos constitucionales, «sobre el uso de Pegasus, Candiru y similares, en un plazo de tres meses».
También solicita que se lleven a cabo «investigaciones efectivas, independientes y rápidas sobre todos los casos confirmados y presuntos de abuso de ‘spyware'» y se brinde » suficiente reparación a las víctimas en los casos de vigilancia ilegal».
Por último, se pide al Estado español que «aplique las sanciones adecuadas, ya sean penales o administrativas, en casos de abusos» y que se contenga de utilizar la legislación en torno a los secretos «para denegar acceso a información sobre el uso de ‘spyware’ a los mecanismos de supervisión y las personas afectadas».
PP Y PSOE DEFIENDEN EL ESTADO DE DERECHO
Este ha sido precisamente unos de los puntos de fricción durante el debate. El PP había presentado una enmienda para la supresión de este párrafo, que no salido adelante. En su defensa, el diputado ‘popular’ Pablo Hispán ha esgrimido que «España es un Estado de derecho» en el que «los tribunales funcionan y no hay agujeros negros».
En su intervención durante el debate, Hispán ha denunciado que Omtzigt se ha comportado como «juez, fiscal y verdugo», dictando «quién es culpable» y sin permitir que ninguno de los Estados señalados, incluida España, puedan defenderse.
Asimismo, y en referencia al espionaje que habían sufrido los independentistas, ha hablado de «falsos positivos». Según ha sostenido, «esas supuestas víctimas» no aceptan las resoluciones judiciales que ha habido.
Por su parte, la diputada socialista Susana Sumelzo ha defendido que «España es una democracia avanzada y consolidada» y que el Gobierno actúa en todo momento conforme al Estado de derecho.
Así, ha subrayado que a quienes se ha intervenido sus comunicaciones con autorización judicial ha sido para «la protección de la seguridad nacional» y «sus derechos fundamentales han estado siempre protegidos por un magistrado del Tribunal Supremo».
En el caso de aquellos a los que se les pudieran haber intervenido sin una autorización judicial, «se trataría de una vulneración de sus derechos fundamentales» y por tanto «tendrían derecho a iniciar acciones judiciales para averiguar la identidad de los responsables y exigir la reparación».
También el diputado de Vox José María Sánchez García ha incidido en que el espionaje a los independentistas catalanes «a nuestro juicio estaba bien hecho» porque estas personas llevaron a cabo «un golpe de Estado», y además se hizo «conforme a la ley». «Todas las actuaciones ordenadas por el Gobierno español para espiar a esos sujetos habían sido autorizadas debidamente por el magistrado del Tribunal Supremo», ha subrayado.
EL PONENTE AFEA FALTA DE TRANSPARENCIA
El ponente de la resolución les ha respondido a todos ellos afeando falta de transparencia y argumentando que si existe supervisión y autorización judicial entonces las víctimas deberían tener acceso a esos documentos. En este sentido, ha considerado que «si todo se hace al pie de la letra» entonces no tiene sentido ampararse en la ley de secretos oficiales.
«No hay nada que temer si se han hecho las cosas correctamente», ha insistido. El parlamentario holandés ha reconocido que «un referéndum sobre la independencia sobre el territorio de un país puede tener consecuencias» pero ha sostenido que «una vez que ese episodio se ha cerrado se tiene que permitir una investigación parlamentaria para saber cómo se actuó y cómo también actuó el Estado por su parte».
PETICIÓN A MARRUECOS E ISRAEL
Por otra parte, la resolución de la APCE pide a Marruecos que les informe en el plazo de tres meses «de si ha usado Pegasus o ‘spyware’ similar en su territorio o fuera de él». Aquí sería donde entraría el presunto espionaje a Sánchez y otros miembros del Gobierno, pero también al presidente francés, Emmanuel Macron.
Además, reclama a Rabat que ponga en marcha en un plazo de tres meses «una investigación plenamente independiente sobre el presunto uso de Pegasus por las autoridades estatales contra objetivos en Marruecos y objetivos dentro de la jurisdicción de los estados miembro del Consejo de Europa».
También hay peticiones concretas a Israel, país en el que se fabrica Pegasus. Así, solicita a las autoridades israelíes que «cooperen plenamente con las investigaciones realizadas por estados miembro del Consejo de Europa respecto al uso de Pegasus y otro ‘spyware’ exportado por Israel o vendido por empresas con sede en Israel».
Cabe recordar que el pasado 10 de diciembre el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama procedió a archivar la causa que investigaba el supuesto espionaje a Sánchez y varios ministros con Pegasus por la «absoluta» falta de cooperación jurídica de Israel, que no había contestado a la comisión rogatoria enviada por el tribunal.
Igualmente se pide a Israel que «fortalezca sus mecanismos de control de exportaciones para garantizar que las licencias relativas a tecnologías ‘spyware’ son denegadas o revocadas cuando hay un riesgo sustancial de que esas tecnologías puedan ser usadas para la represión interna o transnacional y/o la comisión de violaciones de los Derechos Humanos». Además, quiere que haga público su marco de control de exportaciones en un plazo de seis meses y se lo haga llegar.
